El juez de lo Penal Edgar Navarro, determinó enviar a Romero a una celda de la DGIC, porque consideró que en la Penitenciaría Nacional (PN) corre peligro de muerte.

El ex funcionario se encuentra recluido en una reducida celda en la que no tiene acceso a ver la claridad del día, ni tampoco salir a recrearse o tomar los rayos del sol, como tienen derecho los reclusos de la PN.

En el lugar en donde se encuentra confinado, hay otras celdas en las que están otros detenidos, entre ellos el dirigente magisterial Rafael Izaguirre, acusado del asesinato de dos personas, y los miembros de una peligrosa banda de asaltantes.

Durante el tiempo que permanezca en encierro en ese lugar, el ex director de Migración recibirá visita de sus familiares e incluso alimentos, pero no podrá tener visitas conyugales.

Romero podrá recibir visitas de lunes a viernes desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, le permitirán que su familia le lleve comida y un colchón para dormir en la celda; los fines de semana las visitas son de 9 de la mañana al mediodía.

Condena de 6 a 12 años
La fiscal especial, Doris Aguilar, anunció que en el futuro interpondría más requerimientos fiscales por otros delitos. En el expediente judicial número 758-05 consta que Romero es investigado por tráfico de ilegales y hay una prueba testifical anticipada que establece que él financió su campaña política con las multas cobradas a ilegales.

Aguilar mencionó que está prueba anticipada, que no fue utilizada en la audiencia de ayer, serviría para las otras investigaciones.

Se establece que el 1 de abril de este año se recibió en la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado una denuncia anónima de que el país ingresaban chinos sin visas y que para garantizar su ingreso utilizaban documentos fraudulentos que previamente les era facilitado por personal de la Dirección General de Migración y Extranjería.

“Por dichos favores los integrantes pagaban grandes cantidades a Romero quien guarda relación con personas de varios negocios de nacionalidad china”, establece el expediente judicial.

El 20 de abril, Romero se presentó a la Fiscalía para conocer si era objeto de alguna investigación y se le dijo que sí que contra su persona había una denuncia abierta y él autorizó una inspección a su oficina.

Al ejecutarla, se decomisó una serie de expedientes de visas consultadas, autorización especial de ingresos sin visa ni cable, pasaportes con permisos vencidos y otra documentación que está en proceso de análisis para determinar la concurrencia de ilícitos.

Ese día la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación remitió un informe mediante el que pone en conocimiento que a las 3:00 de la tarde una denuncia anónima manifestó de las actuaciones de Romero y que tenía información de que Romero pensaba abandonar el país.

La Fiscalía pidió alerta migratoria contra Romero el 28 de abril, pero el juzgado le negó esta solicitud. Las vigilancias contra Romero permitieron que el 1 de mayo fuera capturado en la casa de su madre en la colonia Villa Olímpica.