Al mismo tiempo que autoridades del Gobierno reiteraron que las denuncias no afectan al Ejecutivo, en el Congreso pareció quedarse más solo el diputado Roberto Jefferson, presidente del Partido Laborista, que la víspera acusó al PT de sobornar legisladores.

Fuentes oficiales volvieron hoy a definir el escándalo, que según analistas ha abierto la más grave crisis política desde que Lula asumió la presidencia, en enero de 2003, como un "asunto entre partidos y parlamentarios" del que el Gobierno se siente ajeno, pese a que afecta al PT, que llevó al poder al otrora líder obrero.

El titular de la Contraloría General, Valdir Pires, insistió hoy en que no hay ninguna denuncia contra el Gobierno, sino contra un partido y contra legisladores, lo que ha sido la tónica entre los ministros de Lula desde que el lunes estalló el escándalo.

Pires también reiteró la posición oficial de que la corrupción se ha vuelto un asunto de primer orden en Brasil, pero por la lucha frontal que el Gobierno ha emprendido contra ese flagelo.

Aseguró a un canal de televisión que en los dos años y medio que Lula lleva en el poder se han hecho 7.500 auditorías en organismos públicos, han ido a prisión por corruptelas 900 personas y han sido recuperados unos 120 millones de dólares enviados al exterior.

Jefferson, que encendió la mecha del escándalo con sus denuncias, anunció que sólo hablará cuando sea convocado por el Congreso para explicar el verdadero alcance de sus acusaciones.

En el Parlamento, donde la oposición inicialmente cargó contra el PT y contra el Gobierno, hoy las aguas amanecieron más calmas y la orden del día era "la defensa de las instituciones".

"Parece que se ha comprendido que esas denuncias afectan a todo el mundo, porque si es verdad que el PT pagó, eso significa que hay parlamentarios que aceptaron, y destapar eso no le convendría a nadie", dijo a EFE una fuente política.

Caja de Pandora
El temor a que se abra una verdadera caja de los truenos y los rayos caigan donde menos se espera parece haber aplacado hasta a los más exaltados opositores, y la tendencia, incluso en el laborismo, era hoy aislar a Jefferson junto con sus acusaciones.

La gravedad de una denuncia de esa magnitud sin aportar prueba alguna la puso de manifiesto el ultraconservador presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, quien declaró que si lo dicho por Jefferson es verdad, deberían ser destituidos "todos los legisladores que resulten implicados".

El Partido Laborista anunció hoy que le pedirá a Jefferson que se aparte de la presidencia de esa formación y le advirtió de que si se niega puede llegar a ser destituido.

El jefe de la bancada laborista, Fernando Bezerra, declaró a periodistas que el diputado "es responsable de sus propios actos y no podía ni debía hablar como presidente de un partido", que además integra la base parlamentaria del Gobierno.

En lo que sí ahora hay coincidencia, y hasta respaldo del PT es en que el escándalo debe ser investigado por el Parlamento, pero con más interés en determinar la responsabilidad del propio Jefferson en unas corruptelas denunciadas en la empresa estatal de Correos.

Desde la oposición, el llamado a la calma vino hasta del ex jefe de Estado Fernando Henrique Cardoso, quien declaró que "no se puede ceder a tentaciones desestabilizadoras ni se debe echar más leña al fuego en esta hora".

No obstante, eso no significa que los ecos de las denuncias estén apagándose, pues hasta el Supremo Tribunal Federal insinuó que puede iniciar su propia investigación.

"Estoy perplejo. Es una situación muy delicada y todo esto debe ser aclarado por el bien de todas las instituciones", declaró el magistrado Marco Aurelio de Mello.