Este polémico tema ha venido siendo debatido en Honduras desde hace mucho tiempo, pero no se ha llevado a la práctica en vista que los organismos defensores de los niños y de derechos humanos sustentan la tesis que Honduras es suscriptor de tratados internacionales que prohíben esa posibilidad.

En Honduras las pandillas juveniles asesinan cada semana a decenas de personas inocentes y en la mayoría de los casos los homicidas son menores de edad, quienes como único castigo son recluídos en centros de internamiento que no reúnen las más mínimas condiciones de seguridad y de los cuales escapan fácilmente.

El fin de semana agentes de la Dirección general de Investigación Criminal (DGIC) detuvieron al peligroso pandillero Herlan Fabricio Colíndres Ramírez alias “El Chelito” o el Siniestro II de apenas 13 años de edad, quien habría participado en el asesinato del agente de la DEA Timothy Michael Markey.

De acuerdo a las autoridades policiales, “El Sinietro II” tiene tras sí un impresionante récord delictivo, entre los cuales se destacan asesinatos, secuestros Express, robo de celulares y otras muchas fechorías. También se le achaca lidera la famosa banda de “Los Puchos”, responsable de una cadena de hechos delictivos.

Iniciativa
Tras reunirse con los jefes de las bancadas de diferentes los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, el presidente de ese poder del Estado, Porfirio Lobo Sosa, anunció la presentación de una iniciativa para reducir la edad punible a 13 años con el fin de que los delincuentes juveniles sean juzgados como adultos.

Según Lobo Sosa, este tema ha sido debatido a nivel del foro de jefes de bancada conde existe consenso para que la edad punible sea reducida por clasificación de 18 a 16 años y de 16 a 12 años, conforme a la gravedad de los delitos.

Manifestó que la idea es que el castigo que se imponga a los menores de 18 años esté en relación con la capacidad que tienen de cometer delitos en contra de otros.

“Consideramos que esas son situaciones que las vemos repetidas donde hay menores de edad involucrados en violaciones, en asesinatos. Entonces debe haber un marco legal que nos garantice que así como hay capacidad para cometer un delito, tiene que haber capacidad para responder por él”, dijo.

Expresó esto es mas grave aún cuando se están haciendo denuncias desde Colombia, que se están utilizando niños o jóvenes para acarrear la droga y utilizarlos en otras estructuras del crimen organizado.

El parlamentario y candidato a la Presidencia refirió que para cumplir con los compromisos internacionales y como un acto legítimo a los menores que delinquen habrá que mantenerlos aislados y por eso deben estar en cárceles separadas, a manera que no estén mezclados con los adultos.

El legislador dijo que el Congreso persigue el propósito de evitar que muchos crímenes abominables cometidos por menores de edad queden en la impunidad y que los infractores no queden libre en 24 horas como sucede en muchos casos o que se fuguen de los centros de rehabilitación.

Asimismo, la reforma busca que los adultos evadan la práctica de inducir a los jóvenes a cometer fechorías y luego invocar las leyes que protegen a los menores de edad, independientemente de que éstos cometan delitos condenables. La reforma- según Porfirio Lobo- es un clamor de la sociedad hondureña que ha sido consultada al respecto.

Revisión de tratados
Por su lado, el parlamentario liberal, Jack Arévalo Fuentes, se pronunció a favor del anteproyecto anunciado por Lobo Sosa y dijo, además, que el Estado debe revisar de inmediato los tratados internacionales que impiden bajar la edad punible para castigar a menores infractores que, asociados en “maras” cometen hechos grotescos y repudiables.

Con relación a este tema, varios juristas se han pronunciado ante la necesidad urgente de revisar y denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, incluso la Convención de la Niñez.

A criterio de los tratadistas, los jóvenes asociados en pandillas se sientes fuertes y protegidos por tales convenios, incluso, hay organismos no gubernamentales como Casa Alianza y otros que se han tornado en defensores de niños que son verdaderos delincuentes.

La potestad para revisar y denuncias los tratados internacionales corresponde al Poder Ejecutivo que los suscribió y al Congreso Nacional que los ratificó convirtiéndolos en Ley de la República.