Las sangrientas disputas que han protagonizado las temidas pandillas "Salvatrucha" y "18", y que han dejado 36 muertos y más de 80 heridos, se ha convertido en un problema de "seguridad nacional" para las autoridades guatemaltecas.

Desde el pasado viernes las fuerzas de seguridad se encuentra en "alerta máxima" para evitar que los pandilleros cobren venganza en las calles por los enfrentamientos ocurridos el lunes de forma simultánea en ocho cárceles del país entre maras rivales.

El ministro guatemalteco de Gobernación, Carlos Vielman, dijo a periodistas que los operativos de vigilancia y prevención que se realizan en 14 áreas de la capital consideradas como "zonas rojas", incluyen la participación de agentes encubiertos para controlar la situación, debido a que "el problema de las maras se ha convertido en un asunto de seguridad nacional".

Vielman anunció también que han solicitado el apoyo de las autoridades de El Salvador y Honduras, debido a que temen que los pandilleros de la "Mara Salvatrucha" de esos países puedan llegar a Guatemala para ayudar a sus pares guatemaltecos, en la encarnizada lucha que mantienen con su riva "Mara 18".

Aunque estas pandillas siempre han mantenido rivalidades y disputas por el control de territorios, fue hasta el pasado lunes cuando las autoridades advirtieron que estas organizaciones constituyen "una bomba de tiempo".

Ese día, la "Mara Salvatrucha" rompió un "pacto de no agresión" que mantenían con sus rivales de la "Mara 18" mientras permanecieran en prisión, y al unísono, con granadas de fragmentación, pistolas y cuchillos, atacaron a sus enemigos en ocho cárceles del país.

El saldo de los disturbios fue de 36 pandilleros muertos y más de 80 heridos.

Aún se desconoce con precisión cómo fue que los pandilleros obtuvieron las armas dentro de la cárcel, aunque se sospecha de que los mismos guardias penitenciarios habrían permitido el ingreso de éstas; tampoco se sabe cuáles fueron los objetivos que motivaron a los "Salvatuchas" a romper el pacto y atacar a sus rivales.

Pero el problema de las pandillas juveniles no se circunscribe sólo a los enfrentamientos entre maras rivales, sino a los constantes delitos que sus integrantes cometen a diario en contra de la sociedad.

Además de tráfico y consumo de drogas, asaltos, asesinatos, y violaciones sexuales, los pandilleros son acusados de exigir a chóferes del transporte público, comerciantes y parroquianos, un "impuesto de guerra" a cambio de no hacerles daño.

Aunque no existen estadísticas oficiales precisas, extraoficialmente se asegura que en lo que va de este año más de 500 personas han sido asesinadas por los pandilleros en diferentes puntos del país, por negarse a pagarles las sumas que exigen a diario.
La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana exigió ayer, viernes, al director de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Sperenssen, mayor protección para sus integrantes ante el constante acoso de las maras.

"Las maras han crecido de tal forma que han penetrado en el seno de las empresas. Esto ha hecho que los negocios deban invertir más recursos en seguridad", dijo a periodistas Carolina Castellanos, directora ejecutiva de esa organización empresarial.

Decenas de vecinos de los barrios populares de las periferias de la capital guatemalteca, en donde se concentra la mayor parte de los pandilleros, han tenido que abandonar sus residencias y dejarlas abandonadas debido al chantaje de que son víctimas.

El académico y ex canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez, en una columna de opinión publicada esta semana en un diario local, señaló que "el progresivo control de territorio asociado a extorsiones a comerciantes (...) y las frecuentes explosiones de violencia criminal, han convertido a las maras en un asunto de seguridad nacional y trasnacional".

Las estadísticas de la policía dan cuenta de la existencia de 402 "clikas" o células de las maras Salvatrucha y 18 en toda Guatemala, con unos 13.500 integrantes, sin embargo, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la rehabilitación de los pandilleros cifran sus miembros en 160.000 jóvenes de entre 12 y 30 años.EFE