Integradas por unos 100,000 jóvenes (de una población total de 7 millones de habitantes), sobre todo de barriadas marginales, las maras se convirtieron en el centro de la campaña electoral debido a la espiral de violencia que vive el país.

El candidato presidencial oficialista Porfirio Lobo, del Partido Nacional (PN), prometió “puño fuerte” contra las pandillas e incluso habló de reinstaurar la pena de muerte, mientras que su contendor Manuel Zelaya, del Partido Liberal (PL), ofreció hacer cumplir la ley pero habló de rehabilitación.

En un comunicado de última hora dado a conocer la noche del sábado, la Mara Salvatrucha (MS) hizo un llamado a los candidatos presidenciales para que pongan fin a la política de represión y le den una oportunidad a decenas de miles de jóvenes de rehabilitarse.

“No somos animales”, les dijeron los pandilleros a Zelaya y a Lobo en una carta emitida desde la Penitenciaría Nacional, 30 km al norte de la capital. Lo que se pide es “una oportunidad de rehabilitarnos y vivir una vida normal”, agregaron.

“Enséñennos a trabajar y a educarnos, y nosotros estaremos muy agradecidos. Habemos muchos que queremos cambiar”, indica la nota hecha llegar a la AFP.

“No estén hablando de violencia. Ayuden al país a salir adelante (...) Por el amor de Dios, dennos una oportunidad. No somos animales, no nos traten así, dennos una oportunidad de rehabilitarnos y vivir una vida normal”, señala la nota, suscrita por los jefes de la MS, que utilizan los seudónimos de “El Killer”, “Jean Carlo”, “Alex Lobo” y “Waiter”.

Contraria a la posición de la MS, los líderes de la Mara 18 (M-18), recluidos en otro pabellón de la Penitenciaría Nacional, dijeron el viernes a la AFP que las elecciones les valían “un pepino” porque los políticos nunca se han preocupado por ellos.

“A nosotros nos importa un pepino las elecciones del domingo, no tienen nada que ver con nosotros. Ningún gobierno está dispuesto a preocuparse por nuestras vidas”, afirmó uno de ellos.

El gobierno de Ricardo Maduro instauró desde el año 2002 una política de represión a los jóvenes pandilleros y modificó el Código Penal, lo que le permite a la policía detener a todas aquellas personas que lleven algún tatuaje o vistan como pandilleros.

Tal política ha sido fuertemente cuestionada por organismos de derechos humanos, que opinan que ha estimulado la represión y que incluso ha alentado la formación de escuadrones de la muerte al interior de los organismos de seguridad del Estado.