16 de febrero de 2006
Redacción Proceso Digital

• La fiscal tenía listas las investigaciones y los requerimientos en contra de los ex alcaldes Miguel Pastor y Óscar Kilgore y otros diez ex funcionarios

Tegucigalpa - Las investigaciones de irregularidades encontradas en las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula, durante las administraciones de los ex alcaldes Miguel Rodrigo Pastor y Óscar Kilgore y las acusaciones que estaban pendientes contra varios ex funcionarios públicos, le habrían costado el cargo a la fiscal especial contra la corrupción, Soraya Morales, confiaron a Proceso Digital fuentes del Ministerio Público.

La fiscal Morales fue separada intempestivamente del puesto que venía ocupando como titular de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y trasladada a otra dependencia del MP, en un momento que estaban por enviarse a los tribunales de la República las acusaciones en contra de los ediles de las dos principales ciudades del país y otros diez funcionarios y ex funcionarios, por supuestos malos manejos.

Los resultados de las investigaciones y los proyectos de requerimiento fiscal realizadas por la citada fiscalía se encuentran desde hace varios días en el escritorio del fiscal general, Leonidas Rosa Bautista, para que éste les dé el visto bueno y sean llevadas ante los tribunales para ejercitar la acción penal en contra de los investigados, pero a la fecha se encuentran “estancadas”.

Los investigados
A Miguel Pastor, la Fiscalía contra la Corrupción lo investiga por supuestos malos manejos administrativos y por el uso indebido del presupuesto municipal para actividades relacionadas con su campaña política a la presidencia de la República, durante los años que fungió como jefe del gobierno municipal.

El ex alcalde Miguel Pastor es investigado por uso indevidos de fondos públicos.

Fiscales del MP confirmaron que en uno de los casos por los cuales es investigado Pastor ya concluyó y prácticamente ya se encuentra listo el proyecto de requerimiento en su contra, pero depende del fiscal general Leonidas Rosa que éste sea presentado ante la justicia. En tanto, el ex edil Óscar Kilgore era investigado por la concesión del servicio de recolección de desechos sólidos a una empresa italiana sin seguir lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.

Además de estos dos ex funcionarios estaban concluídas las investigaciones en contra de la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ana Belén Castillo, y varios ex personeros que la acompañaron en su administración y también contra el ex alcalde Roberto Acosta y la ex procuradora general del ambiente, Emily Hawit.

A esta última se le investiga por la autorización irregular de varias concesiones mineras no metálicas durante el gobierno anterior, incluída una otorgada a una empresa constructora que socavó las bases del puente sobre el río Guaymón, en el departamento de Atlántida.

A Hawit, en su momento, también se le abrió un expediente por el caso del proyecto The Mountain Chalet que una inmobiliaria construía en la zona de reserva del parque nacional La Tigra. El proyecto fue paralizado después de que se comprobó que era edificado en la zona de reserva forestal y ecológica.

Dentro del paquete de casos que eran investigados por la fiscalía está también, el de el ex ministro de obras publicas transporte y vivienda Tomas Lozano, cuya acusación también ya esta lista para presentarla a los tribunales de justicia.

Traslados diplomáticos
En declaraciones a Proceso Digital, el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, Jari Dixon, no descartó que las investigaciones realizadas contra los antes mencionados hayan provocado la salida intempestiva de la fiscal contra la corrupción Soraya Morales.

“Todo mundo sabe de la labor que ella estaba haciendo, inclusive de denuncia, tanto a lo interno y exterior del Ministerio Público, y hoy que hay casos ya investigados, que estaban listos para ser presentados contra altos funcionarios o ex funcionarios del Estado, es separada y esa es la preocupación que tenemos”, dijo.

Indicó que todo apunta a que las indagaciones que hacía Morales a los ex alcaldes Miguel pastor y Oscar Kilgore y a otros ex personeros con amplio respaldo y poder político, son los motivos que llevaron a las altas autoridades del Ministerio Público a tomar la decisión trasladarla a otro puesto donde no pueda seguir con las acusaciones.

“Nos parece que esa ha sido la presión para la separación de la abogada Soraya Morales, es la sospecha que tenemos y creemos que sí debe haber alguna incidencia porque si esos casos no se presentan, el Ministerio Público habrá perdido su verdadera función que es atacar todo tipo de delitos en las diferentes formas que se presenten”, anotó.

Dixon agregó que con estas medidas adoptadas por el fiscal general Leonidas Rosa, se está cayendo en los mismos vicios del ex titular del Ministerio Público, Ovidio Navarro, pero con más diplomacia, es decir, no despidiendo a fiscales beligerantes sino sacándolos de puestos claves y trasladándolos a otros. Dijo que la Asociación de Fiscales exigirá que todos esos casos sean desengavetados y enviados a los tribunales de justicia para ejercer la correspondiente acción penal, de lo contrario se tomarán las medidas.

Oscar Kilgore será acusado por abuso de autoridad.

Casos de alto impacto
Morales aun no sale de su asombro por la forma abrupta que fue removida de su cargo. “Verdaderamente me ha sorprendido el traslado de que estoy siendo objeto de parte de las máximas autoridades de la institución, por cuanto no se me había comunicado verbalmente, sino a través de rumores y luego que fui notificada por el secretario general del Ministerio Público”.

Dijo que prefiere no creer que detrás de su traslado hay intereses oscuros o presiones de algunos sectores políticos del país, sino que obedecen a cambios rutinarios dentro de la Fiscalía General del Estado.

La fiscal confirmó que el equipo de auditores y fiscales que ella dirigía investigaba varias denuncias de corrupción de alto impacto, entre ellas, las presentadas en contra de las alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro Sula, durante las gestiones de Pastor y Kilgore, respectivamente.

“No quiero creer que de ahí se origine mi cambio, pues he considerado que con el poco apoyo logístico que he tenido hemos realizado una buena labor dentro del Ministerio Público”, acotó

Morales apuntó que los doce proyectos de requerimiento fiscal fueron remitidos al despacho del fiscal general desde el año pasado, casi al inicio su gestión y aclaró que la Fiscalía Contra la Corrupción jamás ha investigado personas ni apellidos, sino hechos con apariencia ilícita y “hemos concluido que en esos doce casos hay un ilícito por el cual estas personas deben ser encausadas en los tribunales de la República”.

Finalmente, apuntó que no se explica porque el fiscal general se ha tardado en presentar los requerimientos fiscales ante los juzgados. “no tengo explicación. Porque únicamente me compete a mi preparar las investigaciones y someterlas a la máxima autoridad del Ministerio Público”.