Názar detalló que el descubrimiento se dio luego de una
intensa investigación y el posterior allanamiento de un taller
de carros en el municipio de Ilama, en el que participaron agentes de
la Policía Nacional y personal de la Fiscalía de Lucha Contra
el Crimen Organizado.
En el allanamiento, que se extendió por cuatro horas, los agentes
localizaron un sótano en el que supuestamente se escondían
los artefactos de guerra, pero desafortunadamente sólo encontraron
algunas mini uzis y carabinas, así como otras evidencias como plástico
para embalar las armas y grasa para darles mantenimiento.
El inmueble es propiedad del señor Mario Carranza, quien está
siendo investigado por las autoridades por su presunta vinculación
al tráfico de armas.
Según el jefe policial, el sótano era utilizado por los
traficantes para esconder fuertes cantidades de armamento y posiblemente
antes que se diera el allanamiento en el lugar se escondían más
de 600 artefactos, entre fusiles M-16 y AK-47, lanzagranadas, ametralladoras
uzis, escopetas y carabinas.
Las autoridades consideran que posiblemente los traficantes fueron alertados
antes de que se diera el allanamiento de la vivienda, por lo que no fue
posible atrapar a ningún sospechoso. Sin embargo, la policía
está tras la pista de los integrantes de la banda criminal que
se dedica a esta ilícita actividad.
En los últimos años, Honduras se ha convertido en corredor
idóneo para el tráfico de armas que quedaron tras el cese
de los conflictos bélicos en Nicaragua y El Salvador, aunque las
autoridades han asestado fuerte golpes a los traficantes que operan, principalmente
en la zona sur del país.
La mayoría de estas armas son compradas por los guerrilleros de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quienes pagan fuertes
sumas de dinero por las mismas, según han señalado las autoridades
de la policía hondureña.
El año pasado la policía confiscó un poderoso arsenal
bélico, compuesto de varias lanzagranadas que supuestamente serían
utilizados por el crimen organizado para atentar en contra del entonces
presidente Ricardo Maduro y su secretario de Seguridad, Óscar Álvarez.
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