28 de febrero de 2006
Orfa Mejía
omejia@proceso.hn

Tegucigalpa - El Gobierno de Manuel Zelaya se encamina a la "militarización de la seguridad ciudadana", denunciaron grupos defensores de los derechos humanos en Honduras.

En un comunicado, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) dijo que las acciones que contemplan el Plan General de Seguridad aprobado por el Consejo de Ministros del actual Gobierno se encamina en tal sentido.

El Plan de Seguridad del actual Gobierno contempla seleccionar y entrenar a 1.000 efectivos de alta de las Fuerzas Armadas para la seguridad preventiva y prevenir la delincuencia.

Insta a la formación de 1.000 mesas de ciudadanos por la seguridad para que aborden y dicten soluciones en materia de seguridad en los barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Manda que la secretaría de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, inicie una campaña de reclutamiento militar educativo, con la meta de una formación integral de 4.000 jóvenes para el año 2.006.

El COFADEH considera que el traspaso de efectivos militares a la Policía "supone el debilitamiento de la institución policial, deslegitima la formación policial, y remilitariza la Policía".

El Presiden de Honduras Manuel Zelaya y el ministro de Seguridad Álvaro Romero.

Asimismo que "debilita la jerarquía en el mando y conlleva el riesgo de volver a los viejos métodos, ya que en vez de combatir el crimen se violan los derechos humanos, cuya protección es fundamental para la consolidación democrática del país".

El COFADEH tampoco comparte el anuncio de la formación de 1.000 mesas de "ciudadanos por la seguridad" porque "la realización de la seguridad es propia de la autoridad policial" y no de la ciudadanía.

Advierte que los particulares podrían cometer excesos en acciones que no les corresponden, pudiendo incurrir en la comisión de delitos.

Resaltan que en todo estado de derecho los responsables de la seguridad pública son las instituciones que legalmente han recibido este mandato, lo que contribuye a la legitimización del régimen democrático.

Reclutamiento improcedente
El COFADEH considera, además, improcedente el mecanismo que se pretende utilizar para llamar a 4.000 jóvenes a ser parte de un proceso de formación integral en el marco del Servicio Militar educativo.

"Nos parece que el llamamiento a filas debe hacerse en el marco de una ley especial que regule" el Servicio Militar, la cual actualmente no existe.

Piden a la secretaría de Defensa a iniciar el proceso de discusión y consenso de dicho reglamento con los distintos sectores de la sociedad.

Asimismo, llaman al presidente Zelaya a no retroceder en los logros alcanzados por otras administraciones liberales que han apostado a la desmilitarización de la sociedad y el Estado y a profundizar en el control de las fuerzas de seguridad.

Consideran urgente delimitar, sin ambigüedades, las funciones de las secretarías de Defensa y Seguridad y de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el ámbito de la seguridad interior y de la seguridad exterior o defensa nacional, sin dejar de considerar su complementariedad.

"Es necesario avanzar en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de una política de seguridad", indican.

Policía-militar
Sobre este tema, el diputado del izquierdista Partido Unificación Democrática (UD), Marvin Ponce, dijo que las medidas establecidas en el Plan de Seguridad de Zelaya "contradicen los principios que llevaron a crear la Ley Nacional de Policía, que tenía como objetivo tener una policía civil, desvinculada del Ejército".

"Es una propuesta que parece buena, sin embargo se está desmitificando el tema de una Policía Nacional Civil", advirtió.

El congresista cuestionó el hecho de que en el país no exista una política de estado en el campo de la seguridad ciudadana, lo que conlleva a que cada cuatro año los gobiernos que asumen el poder dicten sus propias medidas en el campo.

Al igual que el COFADEH, Ponce estimó que las políticas de seguridad del Gobierno de Zelaya llevan a la militarización de la seguridad ciudadana.

"Es necesario plantear que esta militarización a la que está siendo sometida la Policía puede ser un hecho bueno pero parece malo para muchos de los sectores que aspiramos a una desmilitarización de la sociedad", apuntó.

Ponce dijo que hay estudios internacionales que establecen que la formación castrense de los militares es incoherente con la formación policial.

Refiriéndose a los 250 militares que la semana anterior pasaron a formar parte de las filas de la Policía Nacional señaló que "estos muchachos pueden ser honestos y buena gente, pero vienen con una formación militar castrense que ha sido incoherente con las políticas policiales, por los excesos que se pueden dar de la formación militar con el trato con la sociedad". Ponce también dijo no dudar en que el Gobierno debe enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana con fuerza y con energía, "pero hay que hacerlo en forma coherente de acuerdo como la manda la Constitución".

Indicó que quienes luchan por la defensa de los derechos humanos en el país "sentimos que estamos en retroceso, no solamente en el proceso de desmilitarización de la sociedad, sino en crear una policía civil que responda a una nueva forma de atacar el crimen".

Ponce demandó la construcción de políticas de estado en el campo de la seguridad ciudadana, caso contrario, advirtió, "cada Gobierno va a hacer lo que quiera y va a andar dando palos de ciego".