El republicano Arlen Specter, presidente del Comité Judicial del Senado, afirmó en una rueda de prensa que el acuerdo representa una opción preferible a "quedarse sin ley.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, dijo que este pacto permitirá concluir un importante proyecto de ley para corregir el sistema de inmigración en los Estados Unidos.

El líder de la minoría demócrata, Harry Reid, dijo que "quizá puedan "bailar" en el Senado en las próximas horas", una vez que esta cámara proceda a la votación definitiva de la alternativa anunciada hoy.

Al tiempo que se anunciaba el acuerdo, en el pleno del Senado los demócratas no lograban los 60 votos mínimos necesarios para poner fin al debate y proceder a votar otro proyecto de ley, que patrocinaba Specter y que los republicanos más conservadores consideraban una "amnistía disfrazada" para los indocumentados.

Al final, sólo 39 votaron a favor de terminar el debate, contra 60 que optaron porque continúe.

La iniciativa de Specter incorporaba propuestas del senador republicano John McCain y el Edward Kennedy que, entre otros elementos, incluía la creación de un programa de trabajadores temporales y más vigilancia fronteriza.

McCain reconoció que aún quedan obstáculos, pero expresó su optimismo de que los senadores lograrán pactar un acuerdo que cuente con amplio apoyo popular.

El presidente de EEUU, George W. Bush, puede inclinarse por la nueva iniciativa de los republicanos Chuck Hagel y Mel Martínez, cuyos detalles continúan bajo negociación.

Entre otras cosas, la propuesta de Hagel y Martínez, a la que ahora se han sumado Specter, McCain y Kennedy, establece un programa de trabajadores temporales que, al caducar, obligaría a los inmigrantes clandestinos a regresar a sus países de origen.

Cualquier ley que salga del Senado tiene que ser armonizada con una más punitiva contra los inmigrantes indocumentados, que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre.

Mientras, líderes religiosos, empresariales, sindicalistas y grupos pro inmigrantes preparan marchas multitudinarias en al menos 60 ciudades el próximo lunes, para exigir una reforma migratoria integral.

Reacciona Bush
Desde Charlotte (Carolina del Sur), el presidente George W. Bush expresó su satisfacción por las negociaciones, pero insistió en que el Congreso le envíe una "reforma migratoria integral" y alentó a los legisladores a que "trabajen duro" para lograrla.

La medida Hagel-Martínez, negociada por Frist, a la que ahora se han sumado Specter, McCain y Kennedy y que el Senado prevé debatir y llevar a votación en las próximas 24 horas, allana el camino hacia la legalización y eventual ciudadanía de unos siete millones de personas.

Para recibir ese beneficio migratorio, los solicitantes tendrían que pagar una multa de 2.000 dólares y demostrar que han trabajado al menos tres años consecutivos, están al día del pago de impuestos estatales y federales, carecen de antecedentes penales y tienen conocimiento del idioma inglés y de la historia de EEUU.

La iniciativa Hagel-Martínez establece tres categorías de inmigrantes y da preferencia a los que llevan más de cinco años en EEUU, aproximadamente siete millones del total de cerca de doce millones que se cree que viven en el país.

Los que tienen entre dos y cinco años en este país -unos tres millones- tendrían que salir de EEUU y viajar a un punto de entrada y allí tramitar un permiso temporal de trabajo, para solicitar su regularización eventualmente.

Los que llevan menos dos años no tendrían más remedio que regresar a sus países de origen.

El nuevo acuerdo, que ha suscitado la repulsa de varios grupos pro-inmigrantes, también aumenta de 290.000 a 450.000 el número de tarjetas de residencia permanente, pero sólo por un período de diez años.

La Coalición Nacional para la Inmigración (NCIC), del área de Washington, se opone al nuevo plan porque, en su opinión, no es una solución integral ni justa.

"Los que llevan menos de cinco años acá jamás se inscribirían en un programa que no les da garantías y que más bien los expone a una mayor marginación y explotación", dijo Jaime Contreras, presidente del grupo.

Cualquier ley que salga del Senado tiene que ser armonizada con una, más punitiva contra los inmigrantes indocumentados, que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre. EFE