Procurador rechaza uso del Ejército EEUU para detener inmigrantes

"Combatir la inmigración utilizando la fuerza militar va en contra de toda lógica y es una decisión contradictoria con la discusión de la reforma migratoria", dijo Morales a ACAN-EFE en la clausura del "Encuentro Migrantes 2006", organizado por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para analizar la situación de los indocumentados en EEUU.

Indicó que "es ilógico que el gobierno de EEUU pretenda ver a los inmigrantes como un ejército de latinoamericanos que buscan invadir su territorio".

Los inmigrantes, agregó Morales, "son personas pobres que se arriesgan a dejar su país para buscar nuevas oportunidades, y que contribuyen no sólo al sostenimiento de la economía de sus países, sino también a la economía estadounidense".

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el pasado jueves, por 252 votos a favor frente a 171 en contra, permitir que el Pentágono pueda destinar soldados a las tareas de protección fronteriza.

El anuncio del envío de tropas a la frontera con EEUU puede estar incluido, según fuentes del Gobierno estadounidense, en el discurso sobre inmigración que tiene previsto pronunciar el presidente George W. Bush, el próximo lunes a las 20.00 horas locales (24.00 GMT).

Los soldados que se destinarían a la frontera, cuyo número aún es objeto de evaluación, pero que en cualquier caso serían sólo unos pocos miles, según las fuentes, pertenecerían a la Guardia Nacional de los estados fronterizos.

Normalmente, estas fuerzas dependen de cada estado, aunque el presidente puede emitir un decreto para colocarlas bajo la autoridad federal, tal y como sucede en el caso de Irak y Afganistán.

Morales insistió en que con el uso de la fuerza militar por parte de EEUU "no se resolverá el problema de las inmigraciones, sino que por el contrario se politizará aún más".

"Más que soluciones políticas y legislativas, el problema de los inmigrantes requiere soluciones humanas", subrayó el procurador.

En el "Encuentro Migrantes 2006", que inició el pasado jueves y en el que participaron representantes del gobierno, de las organizaciones de inmigrantes guatemaltecos radicados en EEUU y de la sociedad civil, se analizaron temas como el derecho al voto en el exterior, y la situación jurídica y reforma migratoria.

También discutieron sobre los efectos económicos de la migración y el impacto social del fenómeno migratorio y su incidencia en los derechos humanos.

Según estadísticas oficiales, en EEUU radican unos 1,2 millones de inmigrantes guatemaltecos, la mayoría de forma ilegal, los que el año pasado enviaron al país en concepto de remesas familiares unos 3.000 millones de dólares, lo que representó el 9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). EFE