El impacto financiero de la compañía que se ganó la licitación para operar el sistema de registro balístico fue tan negativo, que aparentemente han perdido el interés en esta inversión y buscan otros países en donde haya más respeto por las leyes y la institucionalidad, con lo cual “demostramos nuestra eficiencia en ahuyentar a los inversionistas”, dijo el ombudsman hondureño.

Custodio considera que, al realizar este tipo de denuncias, cumple con el deber de practicar la transparencia y el derecho a la información, a que toda la ciudadanía tiene igual derecho, pues “entre todos debemos lograr que la moda política del poder ciudadano sea una realidad”.

Advirtió que cuando en un Estado las leyes dicen lo que hay que hacer casi en cada situación, pero en la realidad el funcionario o un simple empleado hace lo que se le antoja, se termina siendo “no un país de leyes sino un paisaje de innumerables pinceladas caprichosas”.

Recientemente se reunieron en Tegucigalpa numerosos invitados de la Fundación Arias y del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), en un Seminario cuatrinacional (Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) alrededor del tema: “Tráfico y Control de Armas de Fuego”.

En el Panel se presentaron las experiencias nacionales de Costa Rica, Panamá y de Honduras, sobre Mecanismos de Control de Armas.

Custodio consideró que el informe presentado sobre lo que ocurre en Honduras fue teóricamente impecable en cuanto al registro balístico de cada arma, mediante un sistema técnico óptimo, pero el ponente no dijo que en la práctica no ha funcionado así, porque los policías hondureños montaron un negocio paralelo y para “lelos”.

Este negocio, según Custodio, consiste en extender permisos provisionales sin más requisito que la paga del interesado en obtenerlo al otro interesado en extenderlo, sin recibo de ninguna clase.

“Me parece que además del incumplimiento de los deberes de un funcionario hay una exacción ilegal y notoria defraudación fiscal, de lo cual deben tomar nota los que dirigen la Policía Nacional y los señores del Ministerio Público”, insistió el defensor de los derechos humanos.