Los ombudsman
de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá
hicieron saber su inquietud sobre este tema en un comunicado conjunto,
en el que además denuncian que muchas de las muertes violentas
de féminas ocurren en circunstancias muchas veces no esclarecidas
por las autoridades policiales.
Estudios realizados por la Procuraduría de los Derechos Humanos
de la República de Guatemala, confirman la generalidad del problema
de violencia homicida en contra de las mujeres y mueven al Consejo ha
ampliar dicho estudio a todos los países de la región
centroamericana, cita el comunicado.
Según la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio
Público, en Honduras se reportó la muerte violenta de
unas 500 mujeres entre el año
2003 y lo que va del 2006, lo que representa una tendencia preocupante
en virtud que la mayoría de las muertes quedan en las más
completa impunidad.
Los defensores de los derechos humanos consideran que la violencia contra
las mujeres, además, de configurar una flagrante violación
a sus derechos humanos y libertades fundamentales, se convierte en un
desafío para los Estados en su propósito de lograr una
auténtica democratización de sus sociedades.
“Los índices de asesinatos de mujeres, en razón
de su género, en nuestra región, además de haberse
incrementado, remiten a hechos de especial preocupación en relación,
al verificarse en ellos: violencia psicológica y sexual, amenazas,
tortura y mutilaciones, de manera que reflejan un patrón intencional
de atentar y eliminar a las mujeres, al punto de haberse configurado
el feminicidio como un nuevo fenómeno del homicidio de mujeres
por ser mujeres”, señalan.
Asimismo, los procuradores denunciaron que frente a este fenómeno
criminal no existe una acción diligente y se carece de estrategias
de carácter preventivo por parte de los órganos policiales
del istmo, lo que contribuye al predominio de la impunidad en la mayoría
de los asesinatos.
En tal sentido, demandaron a los estados de la región, especialmente
de El Salvador, Guatemala y Honduras, a adoptar las acciones para fortalecer
la promoción y protección de los derechos humanos de las
mujeres y la implementación de medidas encaminadas a prevenir
la ola de feminicidios en sus respectivos países.