El ejemplo
más reciente es el del estado de Colorado, que ha prohibido esta
semana el acceso a los servicios públicos, excepto los de emergencia,
a los inmigrantes ilegales.
La ley de Colorado replica otra aprobada en Georgia en abril y pone
de manifiesto que los estados han agarrado la sartén por el mango
ante la lentitud del Gobierno federal a la hora de dar la estocada final
a la ley de reforma migratoria.
"Estamos ayudando a sentar un precedente en el que los estados
toman la iniciativa y hacen frente a un problema que el Gobierno federal
no resolverá", aseguró Fred Elbel, director de Defend
Colorado Now, una organización partidaria de restringir los servicios
a los que tienen acceso los inmigrantes.
Michele Waslin, del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la mayor organización
defensora de los hispanos en EEUU, está de acuerdo con Elbel
en que el Gobierno federal "no está actuando", pero
no cree que las medidas adoptadas por los estados sean la solución.
"Creo que este problema es responsabilidad de Washington",
dijo a Efe Waslin, quien señaló que, aunque es entendible
que los estados pasen a la acción, lo único que están
consiguiendo "es que haya una mayor discriminación y que
personas que realmente necesitan los servicios públicos se queden
sin ellos".
Para otros activistas lo más preocupante es ver cómo gana
terreno "la línea dura" en el acalorado debate migratorio.
"Es realmente un día triste para Colorado cuando un Congreso
de mayoría demócrata alardea de unas nuevas leyes que
se traducirán en que alguna gente se quede sin ayuda", afirmó
en declaraciones al diario "Los Angeles Times" Bill Vandenberg,
portavoz de Colorado Progressive Coalition.
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Este grupo ayudó a organizar las marchas pro inmigrantes
en el estado hace unos meses.
Colorado, de todos modos, no desarrolla una campaña en
solitario.
Otros estados como Luisiana, Illinois, Wyoming, Idaho o Pensilvania
también han endurecido sus políticas migratorias.
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En total,
los gobiernos estatales han dado luz verde a 57 leyes, según
la National Conference of State Legislatures, que señala que
en muchos casos las normativas establecen multas a las empresas que
contratan indocumentados.
A la espera de ver si las medidas aprobadas en los últimos meses
se llevan realmente a la práctica, su efecto disuasorio se deja
notar ya en algunas partes del país.
Ese es el caso de Florida, donde millones de naranjas podrían
pudrirse este año en los árboles ante la ausencia de suficientes
recolectores, que tradicionalmente han sido inmigrantes.
Los agricultores se han quejado en las últimas semanas de sus
problemas para encontrar trabajadores, mientras que representantes de
la industria señalan que se agravaron en mayo, cuando un gran
porcentaje de hispanos pareció abandonar el estado.
Dave Crumbly, vicepresidente de Natural Growers, el tercer mayor procesador
de cítricos de EEUU, asegura que "la escasez de mano de
obra es lo que nos ha atrasado este año".
Crumbly asegura que hubo una estampida de trabajadores de la zona, que
huyeron ante el temor a ser deportados.
Mientras tanto, republicanos y demócratas en Washington siguen
intercambiándose acusaciones y culpándose mutuamente de
la lentitud con la que avanza el proyecto de reforma migratoria.
La luz verde a la ley está pendiente de la armonización
de las versiones aprobadas respectivamente por el Senado y la Cámara
de Representantes, un proceso que podría demorarse dada la proximidad
de las elecciones legislativas fijadas para noviembre. EFE