El sacerdote
se expresó en esos términos al referirse a las protestas
que los sectores organizados del departamento de Copán preparan
este martes para exigir la derogación del decreto 292-98 contentivo
a la Ley de Minería, y el cese de la explotación metálica
a cielo abierto en esa región del territorio nacional.
Santos encabeza una coalición de organizaciones de la sociedad
civil y la iglesia católica que se oponen a la explotación
minera a cielo abierto por los graves daños que está ocasionando
a la salud de los pobladores que viven cerca de las áreas de
aprovechamiento, y los perjuicios que esa actividad está ocasionando
al medio ambiente.
“Todos sabemos que la democracia en Honduras es ficticia, aquí
las familias ricas son las quitan y ponen gobiernos y las familias ricas
son las que presionan el Congreso para que apruebe lo que no debe aprobar,
y la madre de corrupción está en el Congreso Nacional”,
afirmó.
Dijo que la movilización se mantiene y ésta tiene como
fin la derogación de la citada normativa jurídica, la
aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública que se encuentra estancada en el Legislativo y el cumplimiento
de varios compromisos asumidos por el gobierno con los pobladores.
Advirtió que la toma de las vías solo será abortada
cuando el presidente del Congreso, Roberto Micheletti se comprometa
a abolir la ley y apruebe el presupuesto para la pavimentación
de las carreteras Gracias-La Esperanza, la de San Marcos de Ocotepeque
a Virginia, Lempira y la apertura de la carretera de Tomalá-Guanasulque.
Santos citó que en los últimos años las minas se
han llevado 8,000 millones de lempiras y a Honduras sólo le han
quedado 300 millones, aunque indicó que no se sabe a ciencia
cierta las ganancias que obtienen debido a que la Secretaría
de Recursos Naturales no cuenta con el equipo para hacer las mediciones.
El polémico religioso, a quienes muchos tildan como “el
obispo rojo” por su inclinación liberal, dijo que no quiere
que lo consideren un segundo padre Andrés Tamayo, en alusión
al sacerdote olanchano que encabeza el movimiento ambientalista en contra
de la depredación del bosque en el departamento de Olancho.
“Esto empezó como una manifestación religiosa, pues
en principio ellos (los sectores) han acudido a mí, pero yo ya
les he dicho que yo no quiero ser otro padre Andrés Tamayo, sino
que es el pueblo, es el grupo el que decide en estas cosas”, apuntó.
Sesgado con mineras
Preguntado en torno a los diputados que se oponen a la derogación
de la Ley de Minería, el religioso señaló al parlamentario
Arnoldo Avílez, a quien acusó de recibir viáticos
de las mineras para hacer las inspecciones en los sitios de contaminación.
 |
| Arnoldo
Aviléz. |
|
“Él está sesgado y parcializado por las mineras,
a él lo invitaron acá, yo creo que con gastos pagados,
porque generalmente la Dirección de Fomento a la Minería
(Defomin) y la Secretaría de Recursos Naturales no tiene
dineros ni para pagar viáticos”.
Afirmó que a todos los personeros que las empresas mineras
traen de Tegucigalpa, los llevan a comer al restaurante Paris,
cerca de la alcaldía de Santa Rosa. “ellos tienen
dormida y comida pagada cuando vienen al occidente del país. |
Pero las
acusaciones del prelado fueron más allá, al denunciar
que el diputado Avílez, en su reciente visita a la mina de San
Andrés, incluso, pidió a los ejecutivos de la compañía
que le dieran las pruebas o documentación para rebatir sus argumentos.
Dijo que Avílez está en contra de las acciones que promueve
la población del occidente del país en contra de las mineras
y a favor de las empresas, y apuntó que el único que reclamó
a los ejecutivos por no proporcionar los informes de las ganancias que
obtienen por la explotación de metales preciosos en el país,
fue el diputado José Ángel Saavedra.
Al respecto, el diputado Avílez se defendió de las acusaciones
del sacerdote, aunque admitió que pidió a los ejecutivos
de las mineras información de sus operaciones, pero como parte
de la investigación que realiza la comisión designada
por el legislativo para hacer las inspecciones de rigor.
Finalmente, Santos advirtió que si no hay respuesta por parte
del gobierno del presidente Zelaya y el Congreso Nacional, la lucha
continuará hasta que sean escuchados.
Congreso
no derogará ley
La comisión negociadora de esa zona sostuvo hoy una reunión
con el diputado presidente, Roberto Micheletti, pero sin ningún
resultado positivo, ya que el legislador asegura que no se puede derogar
el decreto 292-98 de la Ley de Minería, que solamente regula
y no prohíbe la explotación de cielo abierto.
“Las quejas que ellos exponen sobre la Ley de Minería son
que las compañías mineras no les han cumplido, sobre los
impuestos, pero nada en concreto y no podemos derogarla”, reiteró
Micheletti.