Tegucigalpa - La situación del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Vinculadas a Pandillas (PNP) es la crónica de una muerte anunciada.

Sus encargados no aguantaron más y ayer denunciaron la condición caótica en el que programa se encuentra en vista que el actual gobierno se niega a traspasarle desde hace seis meses el presupuesto que necesitan para poder subsistir y dar seguimiento a sus programas de rehabilitación.

Proceso Digital fue el primer medio hondureño en denunciar el inminente cierre de este vital programa de rehabilitación el pasado mes de mayo.

Desde que se hizo la denuncia poco o nada hizo la administración de Manuel Zelaya Rosales para poder resolver la situación financiera que enfrenta el PNP y evitar que éste cierre sus puertas a jóvenes que están dispuestos a abandonar las pandillas.

El PNP fue creado mediante decreto número 141-2001, aprobado durante la administración liberal de Carlos Roberto Flores y en la gestión legislativa de Rafael Pineda Ponce, con el fin de hacer frente a la creciente violencia que, a la sazón, generaban los integrantes de las pandillas.

El coordinador del proyecto, Guillermo Jímenez denunció que desde enero de este año, el Poder Ejecutivo se ha negado a traspasar los 6.7 millones de lempiras que necesitan para poder continuar con sus actividades de rehabilitación.

A raíz de esa situación de insolvencia financiera, el poco personal que labora en el PNP tiene más de seis meses de no recibir salario y otros tuvieron que renunciar o fueron cesanteados por la falta de fondos.

En vista que las solicitudes que se han hecho al Ejecutivo por diferentes vías no han tenido respuesta, el coordinador del programa optó por enviar una carta al presidente Zelaya para exponerle la delicada situación del centro y de su respuesta depende la existencia del PNP.

Según conoció Proceso Digital en su momento, el propósito de los políticos de casa de gobierno es ahogar el proyecto financieramente y de esta forma obligar al personal ejecutivo y administrativo a renunciar a su cargos, y de esta forma tomar el control del mismo.
Asimismo, se informó que el Programa ya fue ofrecido al influyente activista político liberal Héctor Borjas Mazis, hermano del actual viceministro de Finanzas, José Antonio Borjas y quien desconoce completamente el tema de rehabilitación de pandillas.

El personal del proyecto teme que éste pueda caer en manos de políticos o personas que desconocen el tema, ya que aquí se manejan los nombres y direcciones de más de un centenar de pandilleros que han dejado la mara y que sus vidas corren peligro en caso que esa lista llegue a manos de sus ex compañeros.

Los 6.7 millones que se hasta el año pasado se asignaban al PNP eran distribuidos en unas diez organizaciones que trabajan en actividades de rehabilitación de pandilleros, entre ellas la que dirige el obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, pero lamentablemente este año no han recibido ni un cinco.

“Nosotros tenemos una bolsa de solicitudes para proyectos que no les hemos dado respuesta porque no se ha hecho efectivo y ha sido retenido el presupuesto para el Programa Nacional de Prevención”, dijo Jiménez.

Otro punto lamentable, es que raíz de la situación inestable de este importante proyecto, se perdió un importante apoyo de tres millones de dólares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Se estima que en Honduras operan unos 60,000 pandilleros, pero otras instituciones como el Movimiento Juvenil Cristiano, que trabaja en ese campo, estima que el número se acerca a los 100,000, incluyendo a simpatizantes, familiares y ex mareros.

De acuerdo a investigaciones, el 77 por ciento de los miembros de las pandillas se asoció a ellas antes de los 15 años y el 97.8 por ciento del total de mareros se encuentra entre los 12 y los 25 años de edad, lo que denota que se trata de un fenómeno, cuyos principales protagonistas son niños, adolescentes y jóvenes.

Paciencia llega a su fin
“Lo que voy a hacer es que en 30 días hago un inventario y entrego las llave, porque así no se puede trabajar”, expresó Jiménez en una conferencia de prensa en la que denunció la situación del programa.

El PNP fue creado bajo acuerdo ejecutivo 034-2005, durante el periodo del ex presidente Ricardo Maduro, y su función es rectorar la política nacional contra pandillas por medio de planes estratégicos y la transferencia de su presupuesto hacia otras instituciones públicas y privadas afines.

Para poder subsistir los últimos seis meses, la institución ha tenido que recurrir a aportaciones económicas y a la voluntad de varios trabajadores que han laborado sin recibir sueldo.

Por otro lado, se denunció que la intención del Ejecutivo es desparecer el PNP y crear uno nuevo ente que sería dirigido por una de las hijas del jefe del gobierno hondureño.

“Esperamos un vuelco de esta situación porque los jóvenes necesitan una oportunidad y si no es así vamos a tener que dejarlos en las calles”, expresó Tomás Andino, coordinador de la comisión ad hoc.