Tegucigalpa
- El estado hondureño está a las puertas de ser condenado
nuevamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la ejecución
arbitraria de cuatro jóvenes en el año de 1995, informó
a Proceso Digital un portavoz de la organización Casa Alianza.
Este caso es conocido como “Los cuatro puntos cardinales”
en vista que los jóvenes fueron encontrados ejecutados en las
cuatros salidas de la ciudad capital, después de que fueron arrestados
por la policía, por supuestamente participar en los disturbios
del 15 de septiembre de 1995.
El 11 de octubre del 2000, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL) y la Asociación Casa Alianza América Latina presentaron
denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), alegando la responsabilidad del Estado de Honduras por la detención
ilegal, tortura y posterior asesinato de Marco Antonio Servellón
García (16 años), Rony Alexis Betancourt Hernández
(17 años), Diómedes Obed García (18 años)
y Orlando Alvarez Ríos (32 años).
Los peticionarios alegaron que los hechos denunciados configuraban la
violación de los derechos reconocidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los derechos del niño en el
caso de Marco Antonio Servellón García y Rony Alexis Betancourt
Hernández.
El caso se encuentra en la etapa de sentencia final porque el estado
hondureño se allanó a la demanda que presentó la
CIDH y el resto de peticionarios, aunque el estado el Estado de Honduras
se opuso a la parte que señalaba que las muertes obedecían
a una política de limpieza social que imperaba en el país
en esa época.
“Esa fue la única oposición que hubo por parte del
estado en contra de la demanda, estamos esperando que ya vamos a tener
sentencia a finales de este año, donde será casi seguro
que el estado será una vez más condenado por la Corte
Interamericano por violaciones a los derechos humanos”, dijo la
abogada Martha Sabillón de Casa Alianza.
La entrevistada indicó que en el juicio se logró determinar
que la muerte de los jóvenes estuvo presidida de una detención
por parte de agentes de la Policía Nacional y que, además,
no se hizo una verdadera investigación para dar con los responsables
de este caso.
Dijo que aparte del caso “cuatro puntos cardinales”, Casa
Alianza presentó otra denuncia ante la CIDH de dos niños
de la ciudad de El Progreso, Yoro, que al igual que los anteriores fueron
arrestados por miembros de la policía y posteriormente aparecieron
ejecutados en una zona abandonada y con signos claros de tortura.
Dijo que este hecho ocurrió hace ocho años y tampoco hubo
una investigación seria para detener y encarcelar a los responsables
a pesar de que las fuerzas sociales de El Progreso, especialmente la
Iglesia, hizo una fuerte campaña para lograr que el caso se investigara
y se castigara.