El acto,
que se celebró hoy en Casa Presidencial, fue encabezado por el
presidente, Manuel Zelaya, los miembros de su Gabinete de Gobierno,
y la dirigencia nacional y departamental de los seis colegios magisteriales
de primaria y secundaria.
Zelaya invitó a su madre, Hortencia Zelaya, una maestra jubilada,
a participar en el acto.
La firma del acuerdo garantiza que el próximo lunes, los docentes
que se declararon en huelga indefinida desde el 1 de agosto, retornarán
a las aulas de clase en todo el país para atender a por lo menos
dos millones de estudiantes.
Durante el conflicto, miles de maestros se congregaron en Tegucigalpa
para presionar al Gobierno por el cumplimiento del Estatuto del Docente,
y la aplicación de sus cláusulas salariales.
La crisis se agudizó el miércoles anterior cuando miles
de docentes que procedían de distintos puntos del país
se enfrentaron con policías y militares en Tegucigalpa.
El presidente Zelaya informó el jueves de un acuerdo preliminar,
lo que favoreció el retorno, el viernes, de los maestros a sus
lugares de origen.
Según el acta firmada hoy, el cumplimiento del Estatuto del Docente
en sus cláusulas financieras le representará al país
un gasto de 7.212 millones de lempiras (unos 381,5 millones de dólares),
en el periodo 2007-2010.
La ministra de Finanzas, Rebeca Santos, dijo que los recursos saldrán
de fondos propios del Estado y la cooperación internacional y
aseguró que no será afectado el ejercicio fiscal del Gobierno.
El acuerdo incluye la creación de un Programa de Ajuste Social
de la Educación, que requerirá el compromiso de los docentes,
acompañados por la sociedad hondureña, para alcanzar las
metas del milenio y las metas de educación establecidas en la
Estrategia de Reducción de la Pobreza.
Entre otros puntos, establece la elaboración de un manual de
puestos y salarios que deberá entrar en vigor en 2007, y la aplicación
del sistema nacional de la calidad educativa.
Los maestros se comprometen también a apoyar el año próximo
un programa masivo de alfabetización, como una contribución
cívica, sin que ello implique un incremento salarial.
Zelaya dijo que el acta "representa un acuerdo de un aumento salarial,
pero especialmente de un programa de ajuste social a la educación
hondureña".
Consideró que el acuerdo "significa también un proceso
de gobernabilidad, de paz social en el país, y se establece dentro
de un consenso de las políticas macroeconómicas del país
para mantener la disciplina y sostenibilidad fiscal".
Para el ministro de Gobernación y Justicia, Jorge Arturo Reina,
calificó el acuerdo de un éxito, pues se logró
"una solución correcta, de largo plazo y de beneficio para
Honduras".