23 de Agosto de 2006
Redacción Proceso Digital

Tegucigalpa - Honduras se encamina a un enfrentamiento entre el gobierno y empresas dedicadas a la importación de combustibles, donde la verdadera lucha no está en si se licitará o no la compra de carburantes, sino en si el país continuará la ruta de economía de libre de mercado y aprovecha los tratados de libre comercio suscritos o regresa al pasado con una fuerte intervención estatal en la economía.

La mesa para la lucha quedó servida, luego que el presidente Manuel Zelaya Rosales, popularmente conocido como "Mel", denunciara a las transnacionales Texaco y Esso de boicotear la licitación internacional de combustibles, ya que estas le anunciaron al gobierno que no participarían del proceso.

Zelaya Rosales, un hombre impulsivo y que afirma estar en una cruzada contra sectores poderosos de la oligarquía hondureña de ultraderecha en favor de los intereses de los pobres, señaló que la licitación sería llevada hasta el final sin importar la posición de las compañías distribuidoras de petróleo y que en el proceso sólo el ganador tendrá acceso a la compra y distribución de los mismos.

Pero en sendos comunicados Texaco y Esso indicaron que el llamado a la licitación sólo significará que otro actor ingresará a competir en el mercado de los combustibles y que no sustituirá a los demás ya existentes.

El comunicado de Texaco dice que la "licitación es abierta a todos los interesados y es decisión de cada empresa participar o no" en la misma y que la misma sólo es una más de que cotidianamente ocurre en los mercados petroleros”.

Texaco aclara que su no participación en la licitación no indica que saldrán del mercado hondureño, ya que decidieron "mantener nuestras fuentes de trabajo abiertas y en franca competencia con todos los demás actores del mercado".

La empresa de capital estadounidense reiteró que no interpretan la licitación como la entrega de sus terminales a otros y reafirmaron que su "intención es continuar brindando al pueblo de Honduras, productos de alta calidad y en las cantidades necesarias
para no desabastecer y especular en el mercado".

El presidente Zelaya en la última reunión que sostuvo con los representantes de las petroleras.

Grupo de choque
La estrategia del gobierno es forjar un grupo de organizaciones aliadas en torno a su postura política de licitar la compra de combustibles y despojar del mercado a los demás actores participantes, tal como lo pidió el propio presidente Zelaya cuando llamó a

que se solidaricen con su propuesta.El gobierno espera obtener el respaldo de los docentes, sindicatos y transportistas.

En este juego, la FENAGH denunció que Mel ofreció a los campesinos impulsar la reforma agraria a cambio que le apoyen en llevar la licitación hasta el final.

Por su lado, los docentes están anunciando movilizaciones para respaldar la gestión de Zelaya en este campo, mientras el cardenal Oscar Andrés Rodríguez también apoya la posición del Ejecutivo en cuanto a que la licitación debe seguir su curso, pero admitió que las transnacionales de los combustibles no pueden ser obligadas a participar en la misma.

En el otro bando, el Consejo Hondureño de la empresa Privada (Cohep) ha cuestionado las bases de la licitación argumentando que la
misma viola una serie de leyes nacionales y que por lo tanto el gobierno debe reformarla para ponerlas a tono con la legislación.

Mario Canahuati, presidente del Cohep, fue enfático al afirmar que "hay improvisaciones".

A la propuesta del Cohep se sumó otro grupo de análisis comandado por la ingeniera Irma Acosta de Fortin, rectora de la universidad José Cecilio del Valle, quien afirma que la licitación no garantiza el suministro de combustibles.

A las dos anteriores se une la permanente crítica de la embajada estadounidense en Honduras y de su titular, Charles Ford, que asegura que el proceso debe ser transparente y debe honrar las obligaciones hondureñas en el marco del Tratado de Libre Comercio
suscrito entre las partes, conocido en inglés como CAFTA.

Acuerdos internacionales
Justamente otra de las alegaciones de las compañías petroleras para no participar en la licitación es que ellas continúan operando en el mercado y que no se puede pasar ahora a un mercado monopólico u oligopólico, ya que violaría el acuerdo del CAFTA.

Texaco recuerda en su comunicado que el presidente Zelaya se comprometió en su visita al mandatario estadounidense George Bush a respetar la propiedad privada.

Señalan que además del CAFTA, está en vigencia el Tratado al Fomento y la Protección Recíproca de la Inversión que mantienen vigente Honduras y Estados Unidos y bajo cuyo mandato legal se amparan para operar en Honduras.

Una operación de fuerza del gobierno hondureño expondría al país a ser sancionado por Estados Unidos en la aplicación de los dos

aceurdos vigentes, el del CAFTA y el de protección a las inversiones.

Repercusiones
Estados Unidos es el principal socio comercial hondureño y una disputa sería profundamente sentida por la economía hondureña, erosionando los empleos existentes, así como poner en duda nuevas inversiones y con ello puestos de trabajo.

Recientemente Washington apartó a Ecuador de las negociaciones para un tratado de libre comercio que negociaban con varias naciones andinas, luego que el gobierno del presidente Alfredo Palacio nacionalizó la compañía petrolera estadounidense Oxi, filial de la Occidental Petroleum, alegando que había vendido unos lotes a otra empresa violando los acuerdos de concesión.

Ecuador prometió licitar las operaciones de Oxi, pero hasta la fecha no ha logrado su objetivo.

Mercado y precio de combustibles
Las petroleras recuerdan que los precios de los combustibles están marcados por las compras que ocurren en los mercados internacionales y la licitación gubernamental no garantiza una baja considerable en los mismos cuando lo adquieran los consumidores
hondureños.

Texaco afirma que tener un "sólo suplidor del 100% de los combustibles del país convierte el mercado en un monopolio y no elimina la necesidad de importar el combustible".

El presidente Zelaya ha admitido que la rebaja con la licitación no será tan profunda y que cumpla con las expectativas que provocó en su campaña electoral cuando prometió reducir el valor del galón de gasolina en 10 lempiras.

Oficiales del gobierno dicen que la rebaja sería de cuatro lempiras en caso de un éxito resonante y que en promedio sería de tres lempiras por galón. Actualmente varias empresas distribuidoras ofrecen una rebaja de un lempira por galón de gasolina a sus
consumidores.