24 de Agosto de 2006
Redacción Proceso Digital

Tegucigalpa - El gobierno pretende darle el “tiro de gracia” a la ciudad capital. Eso quedó evidenciado en una iniciativa que la Secretaría de Finanzas remitió al Congreso Nacional en la que pide derogar el decreto que obliga al Ejecutivo a transferir anualmente alrededor de 228 millones de lempiras a las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula para proyectos de beneficio social.

De conformidad con el decreto, cuya derogación solicita el Gobierno Central a través de Finanzas, la transferencia mencionada debió haberse efectuado a partir del pasado 1 de febrero del presente año, proveniente del Presupuesto General de la República, mediante partidas mensuales anticipadas.

La disposición legislativa establece, entre otras cosas, que los 228 millones de lempiras deben distribuirse en un 55 por ciento para la Alcaldía del Distrito Central y el restante 45 por ciento para la Alcaldía de San Pedro Sula y, además, que dicha asignación es independiente de las que les corresponde de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Municipalidades.

Estos recursos deberán ser utilizados “de manera específica, única y exclusivamente para inversión”, estipula expresamente el Decreto 368-2005”.

La medida adoptada por el Ejecutivo viene a agudizar aún más las diferencias entre las autoridades municipales y del gobierno central por la asignación de recursos para el combate de la pobreza en la capital.

Recientemente el alcalde capitalino denunció que este año el gobierno asignó una partida de ocho millones de lempiras para el combate de la pobreza en la capital, lo que para el edil representa un poco más de siete lempiras o el equivalente a 14 tortillas para cada capitalino.

Alcalde molesto
En torno a la última decisión de la administración Zelaya, el alcalde capitalino manifestó que estos recursos no fueron destinados al gasto corriente ni para el pago de deudas, sino que exclusivamente para atender proyectos de mitigación de desastres naturales que afectan particularmente al Distrito Central en cada temporada de lluvia y los programas sociales de beneficio para los pobres.

Consideró que esta petición a la Cámara Legislativa es una reacción del Gobierno Central por su reclamo de que los fondos que se le han asignado a la alcaldía del Distrito Central provenientes de la ERP, apenas representan unas 14 tortillas para cada pobre de la capital.

“Entonces lo que es malo para la capital, sí hay que dejarlo vigente, eso no hay que derogarlo, ni reformarlo; pero éste que beneficia a la capital, que beneficia a los ciudadanos pobres de esta ciudad, entonces ese sí hay que derogarlo”, añadió Álvarez.

Recordó que el 40 por ciento del parque vehicular del país está en la capital, donde se generan dos mil millones de lempiras solo por impuesto al consumo de combustible, sin contar los recursos que generan el Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Ventas, que significan miles de millones de lempiras “y los ciudadanos de la capital queremos que comiencen a invertirse en esta ciudad”.

El alcalde espera que el Congreso resuelva en función del respeto que se merecen los ciudadanos de la capital “y que no piensen en seguirnos dañando al derogar leyes que benefician a los pobres de esta ciudad, pues me parece impresionante que quieran derogar una ley que beneficia a los pobres de la capital con apenas 125 millones de lempiras que van destinados a los programas sociales, de suministro de agua, mejoramiento de techos, de calles y mitigación de desastres naturales en nuestro municipio”.

Alvarez aseguró que al reclamar más fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y que no se derogue este decreto no es que se esté lamentando de la situación financiera en que se encuentra la capital, “pues sí conocía la situación de ésta municipalidad antes de tomar posesión”

Indicó que también tenía conocimiento de que éste decreto fue aprobado por el Congreso Nacional en la administración anterior y que contó con el respaldo de la bancada del Partido Liberal, cuyo jefe era en aquel momento, el hoy presidente de la Cámara Legislativa, Roberto Micheletti.

“Me pregunto cual es la maldición que ha caído sobre esta ciudad, cuando las personas que tienen el poder de tomar decisiones quieren dejar a los pobres de la capital, sin esos proyectos de mitigación de desastres naturales y sin esas obras que les permitirán vivir más dignamente”, sostuvo.

“Lo que estoy pidiendo es que se respete la ley, no pido más que el respeto que se merece la ley y al más de un millón de habitantes del Distrito Central”, puntualizó el funcionario edilicio.

Abusos del PN
Al respecto, el ministro de la Presidencia, Yani Rosenthal, arguyó que el decreto que se pide derogar es parte “de una serie de abusos que cometió el Partido Nacional al final de la pasada administración, pues procedieron a aprobar esos fondos para las municipalidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, sin dejar una fuente de financiamiento y con todo esto dejan una serie de bombas fiscales que hemos denunciado en los últimos meses para complicar al gobierno liberal”.

Afirmó que el Partido Nacional ahora pretende aducir que al solicitar la derogatoria de ese proyecto de decreto se pretende perjudicar a los pobres de Tegucigalpa.

Según Rosenthal “eso no es así porque más bien el Gobierno Central, está realizando una serie de inversiones en Tegucigalpa, a través de la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y del Programa de Asignación Familiar (PRAF).

“Estamos invirtiendo cantidades millonarias aquí en Tegucigalpa haciendo obras”, aseguró el ministro de La Presidencia.

Por su lado, el diputado del Partido Unificación Democrática (UD), Marvin Ponce, se declaró a favor de que se mantenga la asignación de los 125 millones de lempiras para la alcaldía de Tegucigalpa para las obras públicas que tiene que ejecutar la municipalidad capitalina.

Sin embargo, dijo que su bancada no está de acuerdo con que esos recursos se utilicen para el pago de las deudas que pudieran haber dejado las administraciones anteriores en ambos municipios.

Al respecto, el secretario del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, dijo desconocer la derogatoria del Decreto 368-2005, pese a que le fue remitida el recién pasado 11 de julio del presente año y él la pasó a la comisión de dictamen el 17 del corriente mes, lo cual generó algunas suspicacias por parte de algunos sectores de la sociedad capitalina.