Tegucigalpa - El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Uso de Mercenarios concluyó hoy que ciudadanos hondureños y chilenos contratados por compañías privadas para prestar servicios como guardias de seguridad en Irak, "recibieron un adiestramiento militar" en este país centroamericano.

Concluyó también que empresas privadas de seguridad en varios países latinoamericanos están reclutando hombres para ir como mercenarios a zonas de conflicto en el mundo.

"Ahora hay muchas empresas privadas de seguridad y militares que están reclutando mercenarios, o personas que son como mercenarios para ir a combatir a zonas de conflicto", dijo en una rueda de prensa el español José Luis Gómez del Prado.

Gómez del Prado es parte de la delegación de las Naciones Unidas que concluyó hoy una visita de cinco días a Honduras para conocer denuncias referentes a que ciudadanos hondureños y chilenos fueron entrenados militarmente en este país, para ir a combatir a Irak.

Declaró que este es un fenómeno global, que abarca a muchos países en Latinoamérica y África.

La delegación integrada también por Amanda Benavidez Pérez, de Colombia; Najat Al-Hajjaji, de Líbano; y Shaista Shameem, de Fiji, expresó “su inquietud por información recibida acerca de la contratación y adiestramiento de ciudadanos hondureños por empresas registradas en el país, subsidiarias de otras con sede en el extranjero y por el hecho de que un número considerable de estos han viajado a Irak”.

Irregularidades
Dijeron haber recopilado información sobre “irregularidades contractuales, malas condiciones de trabajo, incluyendo exceso de horas laborables, falta de pago o pago incompleto de la remuneración” de las personas contratadas.

"Aunque se les había contratado como guardias de seguridad, estas personas recibieron un adiestramiento militar en Honduras o Irak, o en ambos países, y terminaron una vez en Irak, desempeñando funciones no previstas en sus contratos y por lo tanto no acordadas por ellos", señaló el grupo en un comunicado.

Dijo que el Grupo "recibió información acerca de unos cien chilenos que viajaron a Honduras tanto para recibir como para proporcionar adiestramiento militar".

"Estas dos vertientes de investigación revela deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones previstas en el derecho internacional, incluyendo normas laborales, y pone en tela de juicio el carácter constitucional de estas actividades", señaló.

Indicó que "aunque el entorno socioeconómico y el desempleo pronunciado han hecho atractivos este tipo de contratos para la población, esto no reduce la responsabilidad del Gobierno".

Omisiones graves
"Se han observado omisiones graves, en especial por parte de las secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad, Defensa y Trabajo con respecto a la supervisión de la situación y defensa de los derechos de la población", escribieron en el comunicado.

Apuntaron que "el adiestramiento militar de ciudadanos extranjeros en Honduras sin la aprobación del Congreso Nacional representa una omisión por parte del Estado".

También señalaron como "omisiones graves del Estado las irregularidades contractuales y la falta de protección de los ciudadanos hondureños que laboran en empresas privadas de seguridad en Irak, así como la falta de regulaciones amplias y de mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad de estas empresas en Honduras".

También reconocieron la adopción de medidas positivas en la legislación y en las prácticas nacionales para regular las actividades de las empresas privadas de seguridad y los preparativos del Gobierno hondureño para acceder sin demora a la Convención Internacional de Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios de 1989.

El grupo preparará un informe detallado sobre su visita a Honduras que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2007.

RECOMENDACIONES DE LA MISIÓN

La pronta adhesión a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios de 1989, así como la tipificación en la legislación nacional de actos cometidos por mercenarios y actividades conexas. El fortalecimiento y divulgación del marco normativo de las empresas privadas de seguridad, adoptado en junio de 2005. El mantenimiento por parte de las autoridades de registros transparentes de las empresas privadas de seguridad, incluyendo todo lo referente a la propiedad y control de estas, así como los posibles conflictos de intereses. Toma de medidas por parte de las autoridades competentes, incluyendo al Fiscal General, para responder con decisión y sin dilación a las denuncias presentadas por las personas que regresen de Irak, así como la determinación de la posible complicidad y responsabilidad de las empresas privadas de seguridad e individuos involucrados, teniendo en cuenta las posibles cuestiones de jurisdicción extraterritorial. Toma de medidas con carácter urgente por parte del Gobierno a fin de defender los derechos de sus ciudadanos que todavía se encuentran trabajando en Irak en las condiciones antes mencionadas.