Tegucigalpa - La incorporación de guardias de seguridad privada en la lucha contra la delincuencia es una medida atentatoria contra la ciudadanía, advirtió la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, quien además urgió una profunda depuración de la policía hondureña.

“Lo considero atentatorio realmente, nadie tiene control de quienes son estas personas que conforman estas agencias de seguridad”, advirtió.

Como es posible que-se preguntó-que vamos entregarle la ciudadanía a un personal del cual no tenemos nosotros antecedentes, es personal que no tiene la formación, la capacidad y tampoco tiene esa visión de proteger al ciudadano.

Borjas, una especialista en el tema de seguridad, compartió con el auditorio de Proceso-Debates, el brazo radial de www.proceso.hn, su visión sobre las medidas adoptadas por las autoridades en los últimos días en materia de combate al crimen.

La semana anterior, el Consejo Especial de Seguridad, convocado por el presidente Manuel Zelaya, ordenó una serie de medidas para detener la ola de criminalidad que azota el territorio.

Entre las medidas adoptadas destacan la presencia de militares en las calles, el registro de armas, los operativos y registro de vehículos y personas y la incorporación de las agencias privadas de seguridad.

Al respecto, la oficial retirada consideró que la presencia de soldados en las calles es más una medida psicológica, mediática y reiterativa, ya que los últimos gobiernos han hecho lo mismo cuando la delincuencia le ha ganado terreno.

“Incluso yo no estoy de acuerdo que los militares salgan a patrullar a las calles, ya se han visto muchos incidentes cometidos por estas personas que tienen una formación completamente diferente a la formación policial”, dijo.

Explicó que la formación militar es la antítesis de la formación policial, ya que el policía se forma para proteger, ayudar y auxiliar a los ciudadanos, mientras que el soldado es formado para matar y protegerse del enemigo.

En relación a la colaboración que prestarán los guardias de seguridad privados, reiteró que el hecho de incorporar a estas personas es totalmente un riesgo que en un corto plazo va a mostrar los resultados nefastos de esa decisión.

Borjas dijo que la mayoría de las agencias de seguridad pertenecen a altos oficiales militares y policiales retirados que han sido mencionados en violaciones a los derechos humanos, y situación similar ocurre con muchos guardias.

“Definitivamente no se les hace un verdadero seguimiento y no se presentan realmente los antecedentes de estas personas; de hecho hemos visto muchos antecedentes de estas personas que en un pequeño acto se sienten provocados y lo primero que hace es utilizar la arma de fuego”, anotó.

Según registros de organismos de defensa de los derechos humanos, en Honduras existen unas 33 compañías de seguridad legalmente inscritas, que emplean a por lo menos 18.000 hombres.

Pero las mismas organizaciones estiman que estos datos no son reales, y que al menos 120 empresas se dedican a esta actividad a nivel nacional, las que estarían empleados al menos a 18.000 hombres.

Depuración policial
Por otro lado, la entrevistada urgió al gobierno del presidente Manuel Zelaya, particularmente al secretario de Seguridad, Álvaro Romero, realizar una profunda depuración del estamento policial, pero una profilaxis que inicie desde la cúpula y termine en los agentes.

Lamentó que los hondureños todavía no tienen confianza en la policía y persiste el temor de denunciar a los delincuentes y criminales en vista que muchos de ellos están dentro de la institución o están vinculados a altos oficiales de la policía

“La ciudadanía tiene que recobrar la confianza en la institución policial y eso solo se va lograr con una verdadera depuración. Todavía la policía no esta depurada, todavía la ciudadanía tiene miedo de denunciar actos de los cuales han sido víctimas y mucho menos de dar información sobre actos de los cuales ellos han sido testigos”, apuntó.

Por su experiencia, Borjas manifestó que mientras no se recobre la confianza en la policía no vamos a tener el apoyo de la ciudadanía en la investigación y esclarecimiento de crímenes.

Por otro lado, la oficial, en cuya hoja de servicios destaca la aprensión del coronel Wilfredo Leva Cabrera que lideraba en el norte del país una peligrosa banda de narcotraficantes, criticó la falta de política estatal para el combate del crimen organizado y la delincuencia.

“No hay una verdadera política de seguridad, aquí las condiciones y las directrices cambian con el gobierno, no estamos acostumbrados a hacer planificaciones a largo plazo; aquí se hacen discursos nada mas electorales y promesas políticas que se tratan de cumplir cuando el mandatario está en el poder, pero una vez finalizado ese periodo las medidas adoptadas quedan a la deriva”, afirmó.

A juicio de la entrevistada, el gobierno debe de dejar de improvisar en materia de seguridad y recomendó el diseño de un plan nacional de combate al delito que involucre a los diferentes sectores de la sociedad hondureña, de modo que se establezca una política permanente de seguridad de bienes y personas y también jurídica.

“En Honduras todavía predomina la impunidad y eso manda un mal mensaje a la ciudadanía, por eso pienso que esa depuración no solamente debe hacerse en la policía, sino en el Ministerio Público y en el Poder Judicial”, finalizó.