19 de septiembre de 2006
Redacción Proceso Digital

Tegucigalpa - La Embajada de Estados Unidos aseguró hoy que la revocación de la visa al ex presidente Rafael Leonardo Callejas se hizo en aplicación a la Ley de Migración, que abarca a todos aquellos ex funcionarios acusados de malversar fondos públicos o adoptar medidas que “hayan tenido serios efectos adversos en el interés nacional de EE UU”.

La embajada, sin embargo, no confirmó ni negó si las gestiones que hacía Callejas a favor de Petróleos de Venezuela (PDVSA) influyeron para acelerar la decisión de retirarle la visa de ingreso a Estados Unidos al ex gobernante y actual presidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

El embajador de EEUU, Charles Ford, el cónsul Ian Brownlee, y el agregado comercial James Williard, ofrecieron esta tarde una rueda de prensa, horas después que se confirmara la detención y deportación de Callejas desde el aeropuerto de la ciudad de Miami.

“Puedo confirmar que hemos revocado la visa a Rafael Leonardo Callejas Romero conforme a la sección 212 F de la Ley Migratoria de Estados Unidos, la cual provee la autoridad para negar la entrada a personas por corrupción oficial pública”, aseguró el cónsul Brownlee.

Brownlee aseguró que la comunicación oficial del Departamento de Estado fue recibida la tarde de ayer, precisamente cuando el ex mandatario hondureño iba en vuelo hacia EE UU, por lo que no fue posible comunicarle que su salvoconducto de ingreso había sido revocada.

“El señor Callejas viajó a los Estados Unidos sin visa válida porque estaba revocada, llegó sin visa válida, no pudo entrar a los Estados Unidos. Por la hora en que llegó no pudo regresar de inmediato a su país u otro país", refirió
el cónsul, quien evitó precisar si a Callejas, quien gobernó Honduras entre 1990 y 1994, le fue revocada la visa propiamente por corrupción.

El cónsul norteamericano explicó que la Ley de Migración de EE UU abarca a todos aquellos ex oficiales o ex funcionarios públicos acusados de malversar fondos públicos o que interfirieron en procesos judiciales, electorales o “hayan tenido serios efectos adversos en el interés nacional de Estados Unidos”.

A renglón seguido apuntó que la Ley de Privacidad de Visas de EE UU le impide proporcionar detalles más a fondo en este caso específico.

Por su lado, el embajador Ford recordó que en julio pasado el presidente George W Bush aprobó una iniciativa, tendiente a negar asilo y el ingreso a territorio estadounidense a funcionarios de alto nivel acusados de corrupción, la cual también busca recuperar y retornar los ingresos de sus crímenes a sus respectivos países.

La medida surge de un acuerdo adoptado en el seno del G-8, el grupo que congrega a a las naciones más poderosas y ricas del planeta, que busca combatir la corrupción oficial en países del tercer mundo.

Preguntados si los bienes que Callejas y su familia poseen en Estados Unidos iban a ser objeto de expropiación, Brownlee sólo se limitó a decir que EE UU es una nación libre y cualquier persona tiene la libertad para hacer las inversiones que desee, pero no dejo claro si iban a ser intervenidas.

El cónsul norteamericano dijo que con Callejas ya son dos los ex funcionarios hondureños a quienes la embajada les ha revocado la visa, aunque no precisó el nombre de esta otra persona. También confirmó que se hizo lo mismo con varios ex oficiales de la Dirección de Migración involucrados en el tráfico de pasaportes.

“También les puedo confirmar que hemos revocado las visas de algunos de esos ex funcionarios, esta es una expresión de apoyo para los esfuerzos del nuevo director del servicio migratorio de Honduras. Lamento que también que en esta caso no les puedo proporcionar detalles más a fondo de esos casos”, finalizó.