ONU pide a Honduras investigue desapariciones y ejecuciones
| 03 de Noviembre de 2006
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Así
lo indican las conclusiones presentadas hoy por ese órgano jurídico
de la ONU con respecto al informe periódico del país centroamericano
sobre su aplicación del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas.
El Comité expresó así su preocupación por
las 183 desapariciones forzadas registradas por su oficina nacional
hondureña en 1993 y por
el hecho de que la no tipificación de ese delito en el Código
Penal, "haya contribuido a la impunidad" y a que no se investiguen
estos casos.
En la evaluación emitida al término de esta sesión,
el Comité manifestó además su inquietud "por
la persistencia de un elevado número de ejecuciones extrajudiciales
de niños", que afectan principalmente a menores de segmentos
de la población económicamente vulnerables.
Ello le llevó a invitar a las autoridades hondureñas a
examinar todos los sucesos, estudiar "la posibilidad de establecer
un mecanismo independiente, como un defensor del niño" y
"campañas para sensibilizar a la población sobre
este problema".
Asimismo, ante la "alarmante proporción" de menores
de la calle, que a su juicio afrontan los mayores riesgos frente a la
violencia y al tráfico sexual, les solicitó identificar
las causas y desarrollar programas para combatirlas e indemnizar a las
víctimas.
El organismo llamó la atención además sobre "la
alarmante proliferación del trabajo infantil, especialmente en
las comunidades rurales e indígenas" y sugirió la
toma de "medidas urgentes para erradicarlo y asegurar la escolarización
de todos los niños en edad escolar".
La presencia de un "elevado número de muertes violentas
de mujeres y de malos tratos como práctica recurrente",
le condujo, por otra parte, a recomendar que se juzgue y sancione a
los responsables y eduque a la población "sobre la necesidad
de respetar los derechos y la dignidad de las mujeres".
Los expertos de la ONU no escondieron su preocupación "por
la legislación indebidamente restrictiva del aborto", especialmente
cuando la vida de la madre está en peligro, y recomendaron una
modificación de la misma para que las mujeres no tengan que recurrir
a métodos clandestinos.
Con respecto al "uso excesivo de la fuerza y de armas de fuego
por parte de agentes de seguridad y del personal penitenciario",
el Comité invitó a Honduras a controlar el armamento perteneciente
a esos funcionarios, investigar las alegaciones sobre su utilización
indebida y educar a ese personal en materia de derechos humanos.
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El
Comité recomendó además al país centroamericano
que mejore sus condiciones carcelarias y actuar ante "el hacinamiento, la falta de separación entre acusados y condenados y la práctica del aislamiento prolongado de reclusos". |
Las conclusiones
presentadas hoy puntualizaron que el Estado debe hacer lo necesario
para reducir el número de personas en prisión preventiva
y asegurar la independencia del poder judicial y del nombramiento y
promoción de los profesionales de ese ámbito.
Asimismo, instaron a "prevenir todos los casos de hostigamiento
de los periodistas y defensores de derechos humanos" y a eliminar
la "aparente impunidad de la que gozan sus perpetradores".
Otras de sus recomendaciones fueron dirigidas a garantizar a los miembros
de las comunidades indígenas hondureñas "el pleno
goce del derecho a tener su propia vida cultural" y a resolver
el problema
relativo a sus tierras ancestrales.
En cambio, el Comité mostró su satisfacción por
reformas legislativas como la abolición de la pena de muerte,
la adopción en 1999 del nuevo Código de Procedimiento
Penal, del Código de la Niñez y Adolescencia en 1996 y
la reducción de los casos pendientes "como
resultado de la adopción del sistema penal acusatorio".
EFE