16 de noviembre de 2006
Por Orfa Mejía
Proceso Digital

Tegucigalpa – Los procesos de liquidación forzosa de varias entidades financieras entre 1998 y 2001, le han costado al Estado de Honduras 3.737,7 millones de lempiras, según una fuente oficial.

Los costos del escandaloso proceso fueron revelados por el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Alfaro, durante una presentación ante miembros del Consejo Nacional Anticorrupción celebrado en la capital hondureña.

“Los procesos de liquidación le han costado al Gobierno de Honduras y al Fondo de Seguro de Depósitos, antes denominado Fondo de Garantía de Depósitos, la cantidad de 3.737,7 millones de lempiras”, expuso Alfaro.

En su exposición, Alfaro hizo un recuento de la crisis en el sistema financiero entre los años 1998 al 2001.

Dijo que en ese período el Sistema Financiero Nacional atravesó por una crisis de gran magnitud en dos sub-sectores: el mercado bursátil y el mercado de intermediación financiera.

“Solo en el mercado bursátil por un sobreendeudamiento, se cayó en incumplimiento de obligaciones, causando pérdidas por el orden de 224 millones de lempiras a 417 inversionistas”, reveló.

Adicionalmente, añadió, “los mismos emisores realizaron captaciones extra bursátiles, adquiriendo obligaciones con el público que no inscribieron en las bolsas de valores y sobre las cuales también incurrieron en incumplimientos, perjudicando a 1.129 personas, por un monto aproximado de 553,7 millones de lempiras”.

Alfaro recordó que en el sector de intermediarios financieros se liquidaron tres bancos y 13 sociedades financieras, algunas mediante el procedimiento de liquidación forzosa y otras en forma voluntaria, se capitalizó dos bancos y se vendió uno por parte de FOSEDE.

Dijo que “en el caso de los bancos, acciones irregulares cometidas en beneficio de partes relacionadas a los administradores, situaron a estas instituciones en la imposibilidad financiera de restituir los depósitos del publico por el deterioro irreparable en la calidad de sus activos, lo que erosionó el patrimonio de los mismos, situándolo en un valor negativo”.

Gustavo Alfaro

Reveló que algunas de las sociedades financieras liquidadas en forma forzosa o voluntaria operaron captando ahorro del publico sin la debida autorización del Banco Central de Honduras. Dijo que los recursos del publico en este caso, también fueron utilizados para realizar transacciones en beneficio de partes relacionadas, así como invertidos en prestamos de baja calidad, sin las condiciones necesaria para su recuperación.

Es importante destacar, apuntó, que la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, contenida en el Decreto No. 170-95 de fecha 31 de Octubre de 1995, les otorgó a las financieras que operaban sin autorización, un período de dos años para que continuaran haciéndolo y en ése lapso presentar su solicitud de autorización al Banco Central de Honduras. Es decir, que continuaron captando recursos del público sin ninguna supervisión y control.

Cuando se produjo la primera de las liquidaciones y como no existía ningún Seguro de Depósitos, se emitió la Ley Temporal de Estabilización Financiera, mediante Decreto No. 148-99 del 29 de Septiembre de 1999, en la cual y para no causar un trauma en los miles de compatriotas que habían confiado sus ahorros, ya sea directamente o a través de Fideicomisos, especialmente en el caso de Bancorp, el Estado de Honduras, asumió la garantía del 100 por ciento del valor de los mismos.