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Tegucigalpa - Las sospechas y temores por la falta de transparencia en la adjudicación de la compra internacional de combustibles a una de las trece empresas que participan en el proceso de licitación pública que impulsa el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, comenzaron a surgir y cobrar fuerza en sectores económicos del país.

Directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresaron hoy su incertidumbre y serias dudas sobre la claridad con que el gobierno manejó en los últimos días le etapa final del proceso, debido al hermetismo con que la Comisión oficial dirigió la evaluación de las ofertas y la escogencia de la empresa ganadora.

Asimismo, el empresariado nacional volvió a expresar su preocupación por la amenaza latente de que las transnacionales estadounidenses del petróleo entablen demandas en contra del Estado de Honduras por presuntas violaciones a convenios comerciales y de inversiones suscritos con Estados Unidos.

Fuentes extraoficiales confiaron que las empresas transnacionales Esso y Texaco preparan sendas demandas judiciales en contra de Honduras en los tribunales de Estados Unidos, una vez que el gobierno oficialice la adjudicación de la compra de derivados del petróleo a la compañía ganadora de la licitación.

Proceso Digital intentó confirmar esta información con los representantes de las citadas sociedades en Honduras, pero no fue posible obtener una reacción.

Según se anunció, la comisión especial nombrada por el Poder Ejecutivo dará a conocer el miércoles 30 de noviembre el nombre de la compañía ganadora de la licitación de combustibles, luego de analizar todas las ofertas que las trece empresas precalificadas presentaron en los últimos días.

El presidente Manuel Zelaya y el consultor internacional Roberth Meyeringh durante la presentación de las bases de la licitación, en Casa Presidencial.

Las compañías participantes son: BP Products North America, Carib LPG Trading LTD, Clark Oil Trading Company, Conoco Philips Company, Gas del Caribe, Geogas Trading, Louis Dreyfus Energy, Lukoil Pan Americas, Petrobras, Petróleos del Perú, PDVSA, Westport Petroleum y Trafigura Beher BV.

Cabe resaltar, que esta última sociedad ha recibido fuertes cuestionamientos por supuestos pagos de sobornos en otros países en donde ha operado, y principalmente porque dentro del conglomerado de empresas que la integran se encuentra la Puma , de la cual es socio minoritario el consultor Robert Meyering.

Falta de información
En declaraciones brindadas a Proceso Digital, el presidente del Cohep, Mario Canahuati, expresó su preocupación por el hecho de que en los últimos días el gobierno no ofreció ninguna información sobre la evaluación de las ofertas y la forma de la adjudicación, contradiciendo la amplia apertura que tuvo el proceso en sus inicios.

“No deja de preocuparnos de que en la última semana, que era la principal después de que hubo una amplia apertura y la transparencia que el Presidente dio a conocer y que debió existir, pues no sucedió en la última semana, así que estamos sin conocer cuales son las ofertas”, aseveró.

El presidente de los empresarios se quejó de la falta absoluta de información por parte de los responsables del proceso. “No conocemos ninguna información con respecto a lo que ha sucedido después de la apertura de los sobres la semana pasada y el procedimiento para escoger a la empresa ganadora”, se quejó.

Demandas competen a empresas
En torno a las demandas que las transnacionales petroleras estarían preparando en contra del Estado hondureño, Canahuati dijo desconocer esa versión noticiosa, no obstante, aseveró que éstas compañías están en su derecho de hacerlo si consideran que sus inversiones son afectadas.

Mario Canahuati

“Pero lo que nos preocupa a nosotros, o sea, lo que a nosotros nos concierne es el hecho que no conocemos la información y al final no podemos opinar cual fue el proceso que se utilizó para poder asignarle a la empresa ganadora la compra de los combustibles de Honduras”, criticó.

El dirigente empresarial reconoció que el gobierno fue receptivo al inicio del proceso e incluso incorporó algunas recomendaciones que el Cohep hizo en su momento a las bases de licitación, sin embargo, cuestionó que en la etapa final hubo un marcado hermetismo y una falta de participación.

En relación a las denuncias de los posibles vínculos que la empresa Trafigura tendría con el consultor Robert Meyering, Canahuati indicó que ahí estriba la importancia de que se dé a conocer en detalle el procedimiento que se utilizó para escoger a la compañía ganadora a efecto de evitar cualquier tipo de dudas y suspicacias.

“Por eso nos interesa saber a quien se le va adjudicar y de que manera se llevó a cabo el proceso porque para poder dar una opinión hay que ver si al final esos elementos no fueron tomados en consideración y si la adjudicación no fue dada a dicha empresa (Trafigura)”, manifestó.

Distribución no clara
Sobre el mismo tema, Fernando García Merino, director general de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) dijo que la preocupación de los industriales hondureños estriba en el hecho que el gobierno no ha dado a conocer a la forma en que se hará la distribución de los combustibles.

“Queremos ver nada mas como se va a llevar a cabo la distribución. El tema es como vamos a distribuir el petróleo. El gobierno compra todos los días a través de licitación de compra directa o abierta, el tema es ver como se va distribuir equitativamente el combustible”, apuntó.

El dirigente empresarial agregó que la ANDI espera saber si las empresas industriales tendrán la posibilidad de importar por su propia cuenta o no. “Eso es lo que estamos esperando que el gobierno defina porque no puede impedir que las transnacionales puedan importar”.

“Nosotros tenemos esta pregunta: como se va hacer el proceso de distribución y si se va hacer por la actual red distribuidora o si se va hacer por otro mecanismo, esta es la duda que tenemos”.

García Merino opinó que las transnacionales están en su derecho de hacer sus reclamos o ir a las instancias judiciales competentes para reclamar sus derechos, en el caso que estos sean afectados.

“Bueno si uno tiene un negocio y se lo cierran tienen el derecho de reclamar. Eso es lo que habría que analizar, por eso nosotros estamos viendo como se va hacer el proceso de distribución de combustibles y tratar de que no tengamos problema de ninguna índole”, indicó.