Esta iniciativa,
promovida por diferentes agencias de la ONU, busca la concienciación
entre la población latinoamericana de que la violencia contra
las mujeres y niñas es un obstáculo para el desarrollo
de sociedades justas y equitativas.
"Vivir sin violencia es un derecho humano para todas las mujeres
y es algo factible. Es importante sacar a la violencia del ámbito
privado y denunciarlo en el público para que sea perseguido",
indicó la costarricense Grynspan.
Reconoció que existen serias dificultades en la recopilación
de datos sobre la violencia contra la mujer, pero que las cifras calculadas
hablan por sí solas.
"En promedio, en Latinoamérica, entre un 30 y un 45 por
ciento de las mujeres han sido objeto de la violencia, ya sea física,
sexual o psicológica", indicó.
Este índice se sitúa en el 41 por ciento en Colombia,
el 28 por ciento en Nicaragua, el 41 por ciento en Perú, el 27
por ciento en Haití, el 22 por ciento en la República
Dominicana y el 40 por ciento en Chile.
En el caso de México, se eleva al 44 por ciento, y pese a que
el caso de Ciudad Juárez es el más notorio, el estado
de Chihuahua, al que pertenece esa localidad, no es el que tiene los
índices más altos de asesinatos de mujeres de todo el
país.
La campaña que promueve Grynspan se celebra anualmente desde
hace 16 años y también ofrece apoyo a los programas y
redes de ayuda a las mujeres maltratadas que se están llevando
a cabo en Latinoamérica.
"La violencia contra la mujer es una de las manifestaciones más
claras de las asimetrías entre hombres y mujeres y de la relación
del poder", señaló.
"Cuanto más independencia económica y poder de decisión
tienen las mujeres, menores son los niveles de violencia", agregó.
Sin embargo, destacó que no existe una correlación directa
entre un nivel más alto de educación de la mujer y una
disminución de la violencia.
"Ello pone de manifiesto que es imperante abordar la correlación
entre la educación del hombre y la violencia contra la mujer",
afirmó.
Otro propósito de la campaña de la ONU es motivar a los
países latinoamericanos a ratificar los instrumentos internacionales
y regionales en esta materia como la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
En este sentido, Grynspan se mostró optimista de ver los avances
en Latinoamérica, región en la que todos los países
han ratificado la Convención Interamericana de Belén do
Pará (Brasil) de 1994.
También se congratuló de que cada vez haya más
gobiernos latinoamericanos que han incorporado en sus legislaciones
leyes que tipifican la violencia doméstica como un delito.
"Combatir la impunidad es de suma importancia. Para ello, es necesario
capacitar al personal policial y judicial cuando intervienen en casos
de violencia de género", afirmó.
Citó el caso de Guatemala, donde la violencia contra la mujer
ha aumentado el 270 por ciento en los últimos seis años,
y de los 2.500 casos de mujeres asesinadas desde el 2001, sólo
14 han llegado a una condena y en Honduras de 4792 denuncias recibidas
por el Ministerio Público en el primer semestre de este año,
solo el 10 por ciento han recibido sentencia condenatoria.
Otros retos pendientes, según Grynspan, es tratar el tratamiento
de las víctimas de la violencia doméstica, pues normalmente
son las mujeres afectadas y sus hijos los que deben salir de sus casas
y refugiarse en los centros de acogida.
También indicó que se debe atajar los altos niveles de
reincidencia en los malos tratos, que son del 70 por ciento, mediante
medidas cautelares, y atender a los hijos que han sido testigos de la
violencia, porque acostumbran a perpetuar el fenómeno.
Para Grynspan, la migración ha traído consigo otras formas
de violencia contra la mujer, como es el hecho de que muchas de ellas
tengan que pagar con favores sexuales para emigrar, así como
la trata de jóvenes y niñas para esclavizarlas en la prostitución.