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La publicación presenta los casos de la coordinadora de la Fundación "Prolansate" Jeanette Kawas, asesinada por su trabajo en 1995; el dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) Carlos Escaleras, muerto en 1997, y el regidor de la municipalidad de Catacamas, Olancho (oriente) Carlos Luna, en 1998.

También hace una reseña de la lucha de Carlos Flores, asesinado en 2001, de José Mauricio Hernández, en 2002, y de Carlos Reyes, en 2003.

La coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, dijo a Acan-Efe que todos los casos tienen en común que las víctimas eran activistas en favor de la preservación de los recursos naturales en Honduras.

Resaltó además que los asesinatos de Luna, Flores, Hernández y Reyes se registraron en el departamento oriental de Olancho, el más extenso del país, y uno de los más ricos en recursos naturales.

Asimismo, que la mayoría de los casos citados en el libro se encuentran impunes.

Oliva agregó que los autores intelectuales de estos asesinatos, entre los que mencionó a grupos empresariales ligados a la explotación de la madera, "siguen manejando el proyecto de muerte contra los que defienden los recursos naturales".

"Y esto es lo grave de este proceso, por eso hablamos de este manto de la impunidad y el riesgo que corremos todos los que hacemos actos como los que hacían ellos", apuntó.

Oliva también cuestionó el papel del Estado en el proceso de investigación de todos estos casos.

"El papel del Estado ha sido inoperante, quisiera decir que tenemos un estado con operadores de justicia capaces de investigar, de sancionar y de no dejar que estos casos puedan correr hacia fuera de nuestras fronteras, pero no es así", indicó.

Dijo que es por esta razón que los casos de Kawas, Luna y Escaleras han sido llevados al sistema internacional de los derechos humanos.

"Los casos han sido admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya casi están listos para remitirlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", refirió. EFE