A pesar de que el Gobierno habla de la palma como si fuera una panacea, es posible que los problemas que su cultivo pueda ocasionar sobrepasen los beneficios. En primer lugar, podría desviar el uso de tierras fértiles para destinarlas a la exportación, desplazando a los pequeños agricultores y eliminando la biodiversidad. La roturación incontrolada de tierras para la plantación de palma amenaza igualmente el bosque tropical y la fertilidad del suelo. El uso de pesticidas podría tener graves consecuencia sobre la disponibilidad y calidad del agua. Diversos grupos campesinos han sido ya desalojados de sus tierras de manera violenta. Son estas comunidades, como las del valle de Sico y Paulaya, las que han comenzado a sentir, de manera directa, los efectos negativos de la plantación de palma.

En mayo de 2006 la Policía llegó a la comunidad campesina de Jardines de la Sierra, donde detuvo a quince personas, trece de las cuales continúan en prisión seis meses después de su detención, sin haber tenido juicio. Durante la detención la Policía cometió diversas irregularidades y sometió a los campesinos a tratos inhumanos y degradantes. Allanó la casa de los campesinos a una hora prohibida por la legislación hondureña. Golpeó a los campesinos durante la detención, incluso cuando éstos estaban esposados en el suelo. Una mujer embarazada de la comunidad recibió un culatazo en la barriga. Su hijo nació muerto con un golpe en la cabeza. Por su parte, los campesinos han sido acusados de asociación ilícita, tenencia ilegal de armas y perjuicio al Estado. Lo ocurrido no es casualidad, ya que Jardines de la Sierra se encuentra emplazada en el valle de Sico y Paulaya, uno de los lugares donde se proyecta realizar una mayor siembra de palma. En la región de Colón, hay más de 160 campesinos procesados, a los que se trata de desposeer de sus tierras. Las detenciones y desalojos forman parte de una campaña orquestada por los terratenientes de la zona para hacerse con nuevas tierras en las que ampliar sus ya extensas plantaciones de palma y, en algún caso, blanquear dinero procedente de la droga.

En una visita a la prisión de la ciudad de Trujillo, el campesino Anael Martínez de la comunidad de Jardines de la Sierra relataba cómo varias personas les habían visitado para convencerles de que vendieran sus tierras, ofreciendo suculentas cantidades. No obstante, Anael afirmó que tanto él como el resto de campesinos detenidos se habían negado. La intimidación no afecta únicamente a los campesinos. Los abogados y miembros de organizaciones que les apoyan han recibido intentos de soborno y, en caso de rechazarlos, amenazas de muerte.

A mediados del siglo pasado Ramón Amaya Amador publicó una de las obras más importantes de la literatura hondureña: «Prisión verde». En dicha novela se recoge la experiencia del propio autor como trabajador bananero y su denuncia del legado negativo que las compañías bananeras dejaron en Honduras. Las bananeras fueron también presentadas en su día como una posibilidad de progreso para el país. Si la idea de impulsar el uso de biocarburantes en Europa continúa, la propia Unión Europea, cada uno de los 25 países miembros y la ciudadanía en general, deberemos asegurarnos de que el aceite de palma que se compre no provenga de empresas que violen los derechos políticos y sociales de los campesinos. Si no lo hacemos, seremos también responsables de la creación de una nueva prisión verde en Honduras.