Tegucigalpa - El Banco Central de Honduras (BCH) sigue en la picota pública. Nuevos cuestionamientos han surgido en contra de los miembros de su consejo directivo por supuestas violaciones a la ley y la politización de que es objeto esa entidad rectora de la política monetaria del país.

Esta vez los señalamientos están dirigidos en contra del ex diputado Ramón Villeda Bermúdez, quien a juicio de juristas y entendidos en la materia, fue designado como miembro del Directorio del BCH sin reunir los requisitos legales y el perfil profesional que establece la ley de la institución.

La Ley del BCH, en su artículo 8, establece que para ser miembro del Directorio se requiere “ostentar título profesional de nivel universitario y contar con amplia experiencia en materias relacionadas con la economía general, el comercio internacional, la moneda, las finanzas públicas y privadas o el derecho económico”.

Sin embargo, Villeda Bermúdez, quien durante el gobierno del extinto Carlos Roberto Reina (1994-1998) ocupó la titularidad de la cartera de Agricultura y Ganadería, no llena esos requisitos por cuanto es médico veterinario de profesión, con el agravante que no ostenta ningún título en las materias antes mencionadas.

Según juristas consultados por Radio Cadena Voces, esa situación inhabilitaría a Villeda Bermúdez para ocupar el cargo y expone jurídicamente al BCH a que cualquier ciudadano pueda pedir la nulidad legal de todas las resoluciones adoptadas por el Directorio en los últimos meses.

Los mismos cuestionamientos enfrentó recientemente la presidenta del BCH, Gabriela Núñez de Reyes, pero en su caso por haber asumido la titularidad del Banco y a la vez ocupar un cargo político en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), hecho que también está prohibido legalmente.

El artículo 9 de la misma ley señala que no podrán ser miembros del BCH, los integrantes de las juntas directivas de organizaciones y partidos políticos los que desempeñaren cargos o empleos públicos remunerados o funciones de elección popular, excepto los cargos docentes, cuando no haya incompatibilidad de horarios.

Sobre esta situación irregular, Núñez se ha defendido diciendo que en la pasada convención del Partido Liberal, que se celebró en noviembre del año pasado en Siguatepeque, pidió un permiso temporal, pero admitió que no se retiró del mismo porque se trata de un cargo de elección popular que es irrenunciable.

Mauricio Díaz Burdet, coordinador del Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh) es de la opinión que los profesionales del BCH y de las demás instituciones públicas vinculadas a las finanzas y la economía, deben tener un conocimiento de la labor que desempeñan y que el funcionamiento de esas personas produzca los mejores resultados al país.

“Hay varios asuntos de naturaleza legal que influyen en el nombramiento de los mas destacados miembros del gobierno y aquí ha venido una disputa que, por un lado, está vinculada a los asuntos jurídicos, pero, por otro lado, no podemos desconocer que hay un vínculo de naturaleza política y hay interés político en el manejo de estos cargos”.

Burdet estimó que en el caso de Villeda Bermúdez si bien no es egresado de una escuela de economía, ha tenido un amplio “fogueo” en la Comisión Económica y de Presupuesto del Congreso Nacional y desde mi perspectiva personas está calificado para estar en el Directorio del BCH”.

Se ha violado la Ley
La diputada y profesional del derecho, Silvia Ayala, dijo que su partido ha denunciado las reiteradas violaciones de la Ley del BCH en lo relativo a la integración de los miembros del Directorio, empezando por su presidenta Gabriela Núñez, quien no ha renunciado a su cargo directivo dentro del Partido Liberal.

Ayala reconoció que Villeda Bermúdez cuenta con cierto nivel de experiencia en los temas económicos, pero la ley es bien clara cuando establece que los miembros del Banco Central deben ser profesionales en el campo de las Finanzas y la Economía y no en otra rama profesional.

“Nosotros consideramos que aun cuando tiene sobrada capacidad, el señor Villeda Bermúdez, obviamente en un cargo tan importante como el Directorio del BCH, se requieren conocimientos académicos y profesionales en materia de las finanzas y administración y que se hubiera optado por un profesional de esas áreas que haber optado por un veterinario de profesión, que no tiene los conocimientos en el área asignada”.

En su opinión el gobierno de la República debe respetar lo que establece la ley en cuanto al nombramiento de los altos funcionarios del Estado, porque son disposiciones expresas, que lamentablemente la actual administración ha venido violentando en el BCH y en otras instituciones públicas.

“Yo le aseguro que si cualquier persona acude a los tribunales de justicia a plantear que en el mes de febrero, el BCH tomó una determinación y que ésta es ilegal por el nombramiento irregular de la licenciada Núñez u otro miembro del directorio, le aseguro que eso acarrearía la nulidad de las decisiones”, apuntó.

Por su parte, el ex presidente del Colegio de Abogados y diputado nacionalista, Rigoberto Chang Castillo, opinó que el nombramiento de Gabriela Núñez en la presidencia del BCH sigue siendo ilegal, porque el hecho que ella haya pedido un permiso a su partido, no cesa la condición o la prohibición que le impide desempeñarse en ese cargo público.

En el caso de Ramón Villeda Bermúdez, Chang Castillo dijo que la profesión de un ciudadano no determina que tenga o no la experiencia en determinado campo, sin embargo, en este asunto concreto deben ser los órganos correspondientes lo que deberán determinar si se está violentando o no la ley del BCH.

“Yo soy abogado y puedo decir que tengo experiencia en el campo de las finanzas porque me he dedicado a esa área, no necesariamente se requiere tener un título universitario o una especialización en el área determinada, pero puede pertenece a otra profesión; entonces lo que cabe es hacer las consultas pertinentes a efecto de determinar si el doctor Villeda Bermúdez reúne o no las condiciones señaladas en el artículo numero ocho en relación a la experiencia en el campo de las Finanzas”, apuntó.

Aparte de estos cuestionamientos, el Directorio del BCH también fue denunciado recientemente por la empresa argentina Ciccone Calcográfica por la licitación, presuntamente irregular, de 330 millones de billetes de diferente denominación.