Tegucigalpa - Los señalamientos de corrupción en contra de los altos funcionarios del “Poder Ciudadano” suman y siguen. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó un reparo por un monto de siete a nueve millones de lempiras en contra del actual gerente del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Jorge Méndez.

Así lo informó el director ejecutivo del TSC, Moisés López, quien indicó que Méndez no pudo desvanecer el reparo, que en su momento le hizo la fenecida Contraloría General de la República.

El ahora gerente del SANAA fue reparado por la asignación y supervisión irregular de contratos de construcción de viviendas cuando se desempeñó en un cargo ejecutivo en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) entre 1994 y 1998.

Por este mismo caso también fue reparada la ex parlamentaria liberal y ex directora del Injupemp Gloria Oquelí.

El pliego de responsabilidades ya fue turnado a la Procuraduría General de la República para que emprenda las acciones legales en contra de los antes mencionados, pero ambos impugnaron la resolución del TSC ante el Poder Judicial y sólo se está a la espera del fallo que emita ese poder del Estado, informó López.

“Esa es una cuestión que le compete ya a la Procuraduría General de la República y entiendo que (el caso) está a nivel de la Corte Suprema de Justicia que es la última instancia que le queda a Méndez para que ahí resuelva si le asiste o no le asiste el derecho”, dijo.

Ratifican pliegos
López indicó que a lo interno el gerente del SANAA no pudo desvanecer el pliego de responsabilidades que se le abrió por más de siete millones de lempiras, por lo que el TSC le ratificó los reparos que se le formularon en su momento a él y a la ex directora del Injupemp.

“ La PGR ya procedió en contra de él y solo estamos a la espera de la resolución que emita la Corte Suprema de Justicia”, apuntó el director ejecutivo del TSC.

Méndez fue nombrado a inicios del año anterior en la dirección del SANAA por el presidente Manuel Zelaya a sabiendas que sobre él pesaba este millonario reparo.

La PGR y la Fiscalía General de la República también investigan los presuntos actos de corrupción cometidos durante esta administración en la Secretaría de Salud, Patronato Nacional de la Infancia (Pani), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).

Los titulares de esas carteras Orison Velásquez, Rosario Godoy de Osejo y Leo Starkman se vieron obligados a renunciar de sus cargos, sin embargo, sus casos siguen durmiendo “el sueño de los justos” en la PGR , así como en el Ministerio Público.

En tanto, el director de Transporte, Pastor Canales y el director del Fondo Vial, Ramiro Adalid Chacón, sobre quienes pesan sendas denuncias de corrupción por la asignación anómala de contratos en sus respectivas instituciones, han logrado mantenerse en sus respectivos cargos y mantener una imagen de bajo perfil ante los medios de comunicación.