La Procuradora General de la República , Rosa América Miranda de Galo, dijo a los periodistas que la demanda judicial se interpondrá hoy, o a más tardar mañana, en un tribunal que no especificó.

Dijo que la decisión se adoptó tras el fracaso de las reuniones de conciliación realizadas en esa instancia entre el viernes de la semana anterior y el lunes de la presente semana.

“Ellos nos obligan a acudir al Poder Judicial para hacer prevalecer los intereses del Estado de Honduras (…), es en los tribunales donde se resolverá la controversia, “, declaró la funcionaria.

“Lamentablemente me hubiera encantado que aquí se resolviera, hicimos nuestros mejores esfuerzos para que así fuera, pero lo otra parte consideró que no era conveniente para sus intereses”, añadió.

Explicó que el contrato firmado con Dippsa “ya indica qué hacer en caso de emergencia nacional que es precisamente el que estamos tratando en este momento”.

En estas reuniones participaron, en representación del Gobierno la Procuradora General de la República y la ministra de Recursos Naturales y Ambiente, Mayra Mejía.

En representación de Dippsa asistió el conocido empresario de filiación liberal Henry Arévalo.

El diálogo buscaba un acuerdo en cuanto al monto que el Gobierno debe pagar a Arévalo por el alquiler de las terminales de combustible de Dippsa para ser utilizadas por el Gobierno para el almacenamiento de los carburantes que comprarán a la transnacional estadounidense Conoco Phillips.

La Conoco Phillips es la compañía ganadora del incompleto proceso de licitación que promueve la administración del presidente Manuel Zelaya.

El Gobierno ofrece el pago de tres centavos de dólar por el almacenamiento de cada galón de carburantes, en tanto que Arévalo pide seis.

Medios de prensa locales informaron hoy de que Dippsa también se opone al alquiler de todas sus terminales, lo que se convirtió en un nuevo elemento que sirvió para estancar las negociaciones.