Tegucigalpa - La derogación de los contratos con las empresas de generación térmica podría traer repercusiones legales en perjuicio del Estado e impactaría negativamente en la seguridad jurídica y las posibilidades de inversión nacional y extranjera, coincidieron en señalar hoy expertos en el tema.

Los especialistas pidieron cautela al gobierno, ya que la suspensión unilateral de los contratos puede ser perjudicial porque mandaría un mal mensaje a los inversionistas extranjeros, y Honduras podría quedar expuesta a millonarias demandas judiciales si se violentan los contratos con las empresas generadoras.

Se estima que del total de los contratos suscritos por el Estado con varias empresas de generación térmica, sólo el 20 por ciento pueden reformarse.

El gobierno del presidente Manuel Zelaya anunció el martes la revisión de los contratos con las compañías térmicas y con la empresa Servicio de Medición de Energía Eléctrica de Honduras (Semeh) para “su revocación o reforma, de acuerdo a los precios más bajos de mercado”.

Sobre las implicaciones que tendría esta decisión, el ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Juan Bendeck, fue claro y contundente al señalar que los contratos con las empresas térmicas están “amarrados” y no pueden ser anulados en forma antojadiza.

Explicó que los contratos más lesivos a las finanzas de la ENEE han sido los que se firmaron con las empresas Elcohsa y Lufusa I, durante la gestión del extinto ex presidente Carlos Roberto Reina, ya que se suscribieron en un momento de crisis y el gobierno no tenía mucha experiencia en este rubro.

Se estima que los contratos suscritos con Lufussa y Elcohsa tienen un costo para el estado de unos 20 centavos de dólar por kilovatio hora, el más alto de todos los que se han suscrito a la fecha y que todavía se encuentran en vigor.

Juan Bendeck

Recordó que durante su efímera gestión al frente de la ENEE logró reunirse con los representantes de las empresas térmicas y lograron consensuar una rebaja a los costos de generación, sin embargo, lamentó que eso se estancó con su salida de la institución, y las subsiguientes autoridades no le dieron el seguimiento. “Ellos habían aceptado a hacer cambios a esos contratos, no entiendo porque a la fecha no se ha hecho nada en ese sentido”, deploró.

Dijo que los contratos con estas empresas fueron tan bien elaborados y amarrados que en este momento hay que pagarles 38 millones de lempiras mensuales, unos dos millones de dólares, por no operar. “o sea que la ENEE paga por no recibir energía”.

“Estos contratos fueron firmados con la soga al cuello, el gobierno no tenía mucha experiencia en el manejo de la energía térmica y tampoco en ese entonces se visualizaba una situación en los precios de los energéticos como la que se ha visto en los últimos años”, apuntó.

Esta mala experiencia, según Bendeck, sirvió para que los contratos posteriores con Lufusa y otras térmicas se hicieran a precios bastante favorables para la ENEE y que, lejos de perjudicar a la institución, más bien la favorecen.

No pueden ser anulados
El ex gerente advirtió que estos contratos con Lufusa y Elcohsa no pueden ser anulados en vista que contienen cláusulas que lo impiden.

“Estos dos contratos, a mi juicio, no pueden ser anulados así por así porque a alguien se le antoja, porque, en primer lugar, fueron aceptados por el gobierno en su momento y fueron avalados por el Congreso Nacional, tienen cláusulas legales que no favorecen en lo absoluto al país, y si el gobierno llegara a cancelarlos, lejos de hacernos un favor, más bien nos estaría perjudicando”, advirtió.

Además, indicó que mandaría un mal mensaje a la inversión privada. “esto generaría ante la opinión pública nacional e internacional u estado de desconfianza y yo me pregunto: ¿quién querrá invertir? o ¿quién querrá hacer un contrato con el gobierno de Honduras? si se llega a una situación de esta naturaleza.

En ese sentido, apuntó que la medida anunciada por el gobierno no es lo más saludable, por lo que recomendó renegociar los contratos y llegar a un acuerdo con las empresas que se dedican a esta actividad, sin que ello implique afectar el marco jurídico en el que se rige el país. “Eso es lo legítimo y eso es lo aceptable”, dijo.

Generaría más problemas Sobre el mismo tema, el ex ministro de la Presidencia , Luis Cosenza Jiménez, indicó de que frente a estas decisiones no se estén enfocando los problemas prioritarios de la ENEE y que “por lo tanto estemos caminando hacia una situación que solo nos puede generar problemas más adelante”. Dijo que una decisión unilateral del gobierno en el tema de los contratos traería implicaciones legales serias para la ENEE y el Estado.

Luis Consenza

“Estos contratos no son cualquier tipo de contratos, es un contrato que incluso ha sido llevado al Poder Legislativo, es un contrato celebrado entre el Ejecutivo, la ENEE en este caso”, advirtió.

Según Cosenza, estos son contratos que se manejan con una altísima transparencia, que pasan por todos los procesos de supervisión y luego son publicados en la Gaceta , el diario oficial del país.

“Si el gobierno no cumple con sus compromisos legales y actúa de manera arbitraria y de manera ilegal, para ponerlo de la forma más franca, entonces claramente que terminará demandado en los Tribunales y seguramente si la justicia impera en el país y el Estado de Derecho prevalece en el país, seguramente que el Estado perdería esos juicios en los Tribunales”, advirtió.

El ex ministro agregó que en este caso son las autoridades de la ENEE las llamadas a revisar los contratos y es la llamada a presentarle una recomendación al Ejecutivo por medio de su junta directiva.

“Recordemos que aquí hay una institucionalidad que se debe de respetar, a la administración de la ENEE le compete a la gerencia de la ENEE , si no se hace así, en efecto se está marginando la gerencia de la ENEE y entonces se está vulnerando la propia institucionalidad del país”, afirmó

Cosenza insistió que una decisión unilateral del gobierno en este tema no es lo más conveniente para el país, en vista que un contrato tiene dos partes y sólo se puede rescindir por mutuo acuerdo o se puede revocar por las causales que puedan estar enumeradas en el propio documento.

“Si no se actúa con apego a la ley y si no se actúa de acuerdo con lo que el contrato establece, entonces seguramente cuando eso llegue a los tribunales, los tribunales le darían la razón a la otra parte y perdería el Estado, con lo cual estaríamos causándole, no solo una pérdida material al Estado, sino que además una pérdida de prestigio, de credibilidad y repito estaríamos enviando un pésimo mensaje al sector privado”, afirmó.

Cosenza dijo que en este momento no le conviene al país enfrentar una nueva crisis energética, por lo que recomendó al gobierno, en primer lugar, garantizar el suministro, reducir los costos de operación de la ENEE por medio de agregarle capacidad generadora al sistema, la reducción de las pérdidas eléctricas y la cuarta alternativa es la posibilidad de revisar las tarifas.

Ramón Velásquez Názar.

Finalmente, advirtió que si el actual gobierno no agrega capacidad generadora al sistema el país podría volver a enfrentar los temidos racionamientos. “Me parece que eso puede ocurrir; aunque probablemente lo que ocurriría me imagino, sería que se terminaría haciendo contratos de emergencia, que se presenten como usted y yo sabemos, siempre al tema de la corrupción”. El mismo criterio exteriorizó, el vicepresidente del Congreso Nacional, Ramón Velásquez Názar, quien opinó que si se trata de rescatar la ENEE , hace falta tomar diferentes medidas, pero medidas efectivas.

“Yo no estoy muy convencido que eso de andar cortando la luz nos va resolver los problemas porque eso tiene un costo de oportunidad que ni siquiera lo hemos considerado”, agregó.

Coincidió, sin embargo, que hacer esta revisión es fundamental porque el costo mayor de la ENEE se encuentra precisamente en los contratos de las térmicas y de SEMEH, el cual hay que revisarlo también para ver si es cierto lo que se ha estado diciendo que de otra manera la empresa sería más eficiente.