En una rueda
de prensa, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza dijo que el presidente,
Manuel Zelaya, decidió mantener la decisión por considerar
que es una medida positiva para la economía del país.
El anunció cerró cualquier posibilidad de que el Gobierno
anulara la determinación, tal como lo exigen diversos sectores,
entre ellos el de los maestros, quienes advirtieron que es una medida
que pone en peligro la seguridad de miles de niños que deberán
salir de sus casas a oscuras para asistir a las aulas de clase.
Lanza dijo que son tres las razones por las cuales el Gobierno ha tomado
esta decisión: produce un ahorro significativo en el gasto, mejora
los índices de seguridad de la población y es un acuerdo
necesario para homologar los horarios en la región centroamericana”.
Según dijo que en 2006, la aplicación de la medida por cuatro
meses le reportó al Estado un ahorro superior a los 230 millones
de lempiras y disminuyó significativamente los asaltos personales,
el robo de celulares y en general crímenes y delitos relacionados
con la seguridad de las personas.
También anunció que su Gobierno “va a regular de una
manera permanente, técnica y uniforme esta materia”.
A quienes han expresado que no acatarán el cambio de hora, Lanza
les dijo que “un cambio de horario es de obligatorio cumplimiento
para todos y cada uno de los ciudadanos y empresas que van a operar o
tienen actividades en el país, de tal manera que al ser una ley
y al haber una hora oficial tiene que ser acatado por todos los ciudadanos”.
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