Cubas confirmó a periodistas que el presidente Zelaya ha enviado al Congreso Nacional una carta en la que plantea su inquietud, aunque no dio detalles de la misma.

También dijo que este es un tema que será analizado en reunión de bancada, y anunció desde ya que se opondrán a cualquier intento de coartar la libertad de expresión vía decreto “porque no es correcto (…), y principalmente eso venga de un Partido liberal, totalmente demócrata”.

“Yo pienso que este es un tema nacional que debe discutirse con todos los sectores y el presidente (Zelaya) es el más indicado para hablar con los dueños de medios, hablar con los otros partidos y los grupos organizados de este país y buscarle una salida, pero no a través de un decreto porque creo que no va a tener el respaldo necesario en el Congreso”, señaló en congresista.

Planteó que “tanto los dueños de medios, como los periodistas y los directores de medios son amigos del presidente, son hondureños que quieren este país y en este caso lo mas importante es que el presidente de la República se reúna con ellos y que revisen este tema”.

El diputado nacionalista Arnoldo Avilés planteó, por su parte, que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en cualquier país “y no se puede coartar la libertad de expresión”.

Partiendo de allí, añadió, los medios tienen que informar de todo lo que pasa y estimó que el problema estriba “en la falta de una política de este Gobierno en materia de seguridad, y al no tener una política quieren esconderlo a través de que los medios no digan lo que está pasando”.

El representante de Honduras ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Edgardo Dumas Rodríguez, también expresó su preocupación por la pretensión del presidente Zelaya de regular la publicación de las noticias de violencia en los medios de comunicación

La semana anterior el gobernante hondureño fustigó a los medios de comunicación locales por la cobertura de las informaciones de secuestros y asesinatos que se dan diariamente en el país y acusó a los periodistas de boicotear sus políticas de seguridad y de maximizar la actividad de los delincuentes y minimizar la labor de la policía en la lucha contra ese flagelo.

El delegado de la SIP estimó que sería un tremendo error y una equivocación pretender que los medios de comunicación sean obligados o se les imponga de forma arbitraria o por medio de una ley el cumplimiento de sus obligaciones informativas.

“Yo tengo entendido que las cuestiones éticas y profesionales en ninguna forma debe ser impuestos y que en una sociedad libre la opinión publica es la que castiga o premia a los medios de comunicación, cualquier otra cuestión o conducta o cualquier otra acción o intención es violatoria de la libre expresión y de la libertad de prensa”, advirtió.