Según el funcionario del ente estatal, del total de los 7.367.022 habitantes con que cuenta Honduras, únicamente 2.695.847, que representan el 37 por ciento de la población, son los que trabajan.

“Del ingreso de cada persona ocupada dependen casi 3 personas, cuyos bajos ingresos hunden bajo la línea de pobreza a todos ellos, al único que provee y a los tres dependientes”, manifestó,

Agregó que, aún cuando en la población en edad de trabajar, se da una relación casi igualitaria del 1 al 1 entre el hombre y la mujer, la tasa de participación es solamente del 30 por ciento para la mujer en comparación al 70 por ciento de la del hombre, lo que revela el grado de inequidad que existe en el país.

Custodio es del criterio que los bajos ingresos asociados a empleos temporales y de baja productividad son el principal problema del mercado laboral, situación que afecta a unas 672.000 personas, de forma que la tasa de subempleo invisible a nivel nacional es del 29,6 por ciento.

En su análisis sobre la situación económica que enfrenta el país, Custodio, consideró que la mayor fuente de ingreso -después del trabajo asalariado que constituye el 47,2 por ciento, y el trabajo por cuenta propia (31,1 por ciento), es la remesa del exterior, con un 10,4 por ciento, que es la que realmente sostiene al país.

El funcionario consideró que “aún cuando en los últimos años ha mejorado el crecimiento económico de Honduras, todavía no hemos hecho lo suficiente para reducir realmente la pobreza y, sobre todo, lograr la justa distribución de la riqueza nacional con el debido énfasis en suficientes estrategias pro pobres”.


“Digamos que todavía falta hacer lo necesario para que los pobres sientan que pensamos en ellos y que trabajamos para ellos”, manifestó.

Custodio hizo un llamado para que se promueva la cultura del pago de los impuestos por todos y la de penalizar al máximo la evasión y la defraudación fiscal, de manera que algún día se cambie el injusto sistema tributario actual, cuyo cambio permitirá, entre otras cosas, acabar con el parasitismo del Estado sobre el consumo de los combustibles.