Los periodistas y los medios de comunicación de las Américas siguen enfrentado escollos para el ejercicio libre de la profesión. El crimen organizado y la corrupción siguen siendo las principales fuentes de violencia que coartan el derecho del público a la información. En los últimos 12 meses, desde la pasada conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 15 periodistas fueron asesinados: ocho en México, dos Colombia, dos en Venezuela, uno en Guatemala, uno en Haití y uno en Perú; mientras que otros tres permanecen desaparecidos en México. También se denuncian constantemente amenazas de muerte contra reporteros en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Por otra parte, el pésimo comportamiento de las autoridades gubernamentales, particularmente en Cuba y Venezuela, respecto a la falta de garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a recibir y buscar información, así como los atropellos constantes contra la prensa, mantienen en actitud vigilante a nuestra organización.

Cuba se destaca por ser la mayor prisión de las Américas. Veintinueve periodistas cumplen sentencias, en algunos casos de hasta 27 años, y en los últimos meses se ha denunciado un recrudecimiento de los actos de hostigamiento contra la prensa independiente y contra la prensa extranjera, no permitiendo la libre movilización de los periodistas. Tres corresponsales extranjeros tuvieron que abandonar Cuba porque no se les renovó el permiso de permanencia y a otros periodistas cubanos independientes se les continúa impidiendo la salida del país.

En Venezuela, el presidente Hugo Chávez, ejerciendo cada día un poder más absoluto y sin justificación legal ni técnica, insiste en que no renovará la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), por el solo hecho de estar molesto por la voz crítica de ese canal. A otros medios se les imponen multas, se les coacciona impositivamente, se les discrimina en su labor profesional no brindándoseles acceso a fuentes informativas y se utiliza la distribución de publicidad oficial como medida de premio y castigo. Las autoridades gubernamentales no tienen empacho en idealizar un país en el que los medios de comunicación tengan una actitud editorial sumisa.

Las fricciones entre el periodismo y los gobiernos son naturales en el sistema democrático, ya que por delegación social los medios tienen el deber de vigilar los actos públicos. Sin embargo, se observa con alarma, como numerosos gobiernos utilizan arbitrariamente ciertas prerrogativas y privilegios para debilitar la credibilidad y la acción de medios y periodistas, como sucede constantemente en países donde los titulares del Poder Ejecutivo critican vehementemente a los medios de comunicación y a los periodistas cuando se les incomoda con publicaciones sobre sus actos (Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Uruguay); se promueven manifestaciones públicas y no libres de riesgo contra medios y periodistas (Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela); o se les discrimina o amenaza con discriminar con el otorgamiento de publicidad oficial como si se trataran de recursos propios y no públicos (Argentina, Aruba, Ecuador, Guyana, Uruguay, Venezuela).

Los forcejeos entre la justicia y los medios de comunicación también tienen una peculiar importancia. En Brasil, Colombia y Paraguay son habituales las órdenes judiciales de censura previa o indemnizaciones estrafalarias que restringen o detienen investigaciones, o que incluso ponen en riesgo la operatividad de los medios o incentivan a que éstos se autocensuren. Por ejemplo en Panamá, donde 33 periodistas enfrentan litigios, que pueden terminar en multas sustanciosas o en amenazas de cárcel, es indudable que la autocensura puede estar debilitando a la prensa. En Estados Unidos, un país cuyo gobierno tradicionalmente respeta una amplia libertad de expresión, vemos como numerosos periodistas siguen siendo llevados a la cárcel por defender la confidencialidad de las fuentes.

Mientras éste es un panorama desolador, no podemos dejar de señalar un profundo cambio que se está gestando en las Américas. Los gobiernos están interpretando mucho mejor los principios que rigen a la libertad de expresión. En los últimos años, varios países han dictado leyes de acceso a la información pública, las cuales si bien no tienen un impacto directo o que se pueda medir en estos momentos, seguramente serán relevantes en el futuro para crear democracias más fuertes y sólidas, en las que cualquier ciudadano podrá controlar y estar orientado sobre la acción de sus gobernantes.

Sin lugar a dudas, la mejor noticia que en materia de libertad de expresión la sociedad pudo haber tenido en lo que va de este año, es la promulgación de una ley en México que despenaliza los delitos de injuria y calumnia, permitiendo que los ciudadanos no se sientan amedrentados por ir a la cárcel cuando formulen críticas u opiniones. México se ha unido a El Salvador en este contexto, y en la SIP confiamos que otras naciones también vayan adoptando esta filosofía en procura de una sociedad más justa y democrática.

*El Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo, fue instaurado en conmemoración de la Declaración de Windhoek, documento que contiene principios sobre la defensa de la libertad de prensa, redactado en 1991 durante una reunión de periodistas africanos impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura (UNESCO).