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Lo anterior quedó evidenciado en un informe presentado recientemente en Ginebra por el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se dedica a esta temática y que recientemente hicieron visitas a varios países del continente para investigar esa situación irregular.

De acuerdo a este grupo, algunos países de Latinoamerica como Perú ya adoptó medidas legales para evitar que sus nacionales no sean utilizados para prestar servicios de seguridad en zonas de conflicto armado, pero Honduras no "está haciendo nada" al respecto.

La importancia de los mercenarios contratados por empresas privadas para prestar servicio en zonas en guerra como Irak o Afganistán ha llamado la atención de Naciones Unidas: algunas fuentes norteamericanas, como Danna Harman, del Christian Science Monitor, consideran que esos "mercenarios privados" suponen en estos momentos la segunda fuerza en la coalición "aliada", sólo por detrás de las propias tropas norteamericanas.

El comité, que preside el español Gómez del Prado, denuncia que les fichan como guardias, pero les dan material bélico y les convierten en combatientes.

Una parte de ellos procede directamente de América Latina, y constituyen un caso muy diferente del de los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos y que se alistan en el ejército para obtener posteriormente la nacionalidad.

Ellos no cuentan como mercenarios, sino como soldados regulares, sometidos a la misma legislación que los soldados norteamericanos.

Lo que preocupa a Naciones Unidas no es este tipo de reclutamiento, sino las diferentes fórmulas que han creado las empresas privadas de seguridad para formar auténticas fuerzas de choque mercenarias, no sometidas a ninguna ley en particular, algo que en teoría está prohibido por la legislación internacional (Convención contra la Utilización de Mercenarios, 1989).

En el año 2005, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un think tank destinado a promover los derechos humanos, la democracia y la justicia en aquel continente, calculó que había mil latinoamericanos trabajando para empresas de seguridad norteamericanas implantadas en Irak.

El fenómeno puede estar creciendo en países como Perú, Honduras, Colombia, Chile y Ecuador. De hecho, un grupo de trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encargado específicamente del uso de mercenarios, visitó el año pasado Perú, Ecuador y Honduras para estudiar la situación y aconsejar sistemas que ayuden a atajar esa contratación encubierta e ilegal de soldados.

El informe del comité (presidido por un español, José Luis Gómez del Prado) fue hecho público recientemente en Ginebra, y no puede ser más desalentador.

En su presentación del informe, Gómez del Prado fue tajante: "Las nuevas modalidades apuntan a una industria emergente y muy floreciente de empresas militares y de seguridad privada que responde a una lógica comercial en busca del mayor beneficio.

Con la privatización de la guerra, los "contratistas privados o independientes" se habrían convertido en el primer producto de exportación de algunos países industrializados a zonas de conflicto armado".

Simples guardias

Gómez del Prado explica que esas empresas están reclutando y entrenando en países en desarrollo, con un alto índice de desempleo, mano de obra barata para llevarla a prestar servicio en zonas de conflicto armado, donde de simples guardias se convierten en combatientes a los que se les entrega material bélico".

El grupo de trabajo de Naciones Unidas llama la atención sobre cómo los empleados de estas empresas militares y de seguridad privada "gozan de una inmunidad que puede transformarse fácilmente en impunidad, lo que podría implicar que algunos Estados estarían contratando a esas empresas para evitar una responsabilidad jurídica directa".

A raíz de los informes de Naciones Unidas, la Comisión de Defensa del Congreso peruano ha elaborado un proyecto de ley para prohibir la contratación de sus nacionales para "prestar servicios de seguridad en zonas de conflicto armado".

En Honduras, por el contrario, no se está haciendo nada. De hecho, existen informes según los cuales una empresa norteamericana de seguridad entrenó a hondureños y chilenos destinados a misiones en Irak en una base que ya usó Washington en los años ochenta para entrenar a miembros de la famosa y cruel contra hondureña y nicaragüense.

En Colombia, la situación parece haber mejorado tras las denuncias formuladas hace meses por la revista Semana, según la cual una empresa asociada con la norteamericana Blackwater, muy conocida por sus servicios de seguridad en Irak, contrató a dos grupos de 35 y 34 ex oficiales y suboficiales del ejército colombiano, les dio dos semanas de entrenamiento a cargo de dos ex militares norteamericanos y los envió a Bagdad.

Por el camino, y en sucesivos momentos, se fueron enterando de que su sueldo no sería de 4.000 dólares mensuales, como se les había dado a entender, sino de 34 dólares al día, es decir, unos 1.000 al mes.