La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo a periodistas que han abierto una investigación sobre este caso, en el cual resultaron varias personas heridas.

“Estamos recabando toda la información, vamos a ver quienes son los que están vinculados con este delito para hacer la acción penal a nivel nacional en contra de agentes del Estado que cometieron este delito”, dijo la defensora de los derechos humanos a los periodistas.

Informó de que el caso también será denunciado a una delegación del organismo internacional Amnistía Internacional, que llegará al país el próximo 6 de agosto.

“Vamos a ponerlos en autos de lo que aquí está pasando, vamos a pedir que se investigue, yo creo que la seguridad de las personas es vital para que el país avance”, declaró.

Oliva cuestionó el excesivo uso de la fuerza en contra de los manifestantes por parte de las autoridades que participaron en el desalojo.

“Entendemos que se pudo haber hecho el desalojo, pero no haber ordenado el excesivo abuso de la fuerza, que se llegó hasta la brutalidad (…). Hay personas, niños, jóvenes, ancianos y religiosos que fueron maltratados, golpeados, heridos, unos que se debaten entre la vida y la muerte, y a periodistas que les impidieron el ejercicio de su trabajo”, comentó.

Estimó que en este caso “hubo una violación al derecho a la información, al derecho a la vida y a la integridad de las personas”.

“No se puede actuar en esta forma en nombre de la seguridad del estado porque nadie está por encima de la ley, por lo tanto ordenar que se torturara que se hiriera esta gente no es correcto, es ilegal, es punible y es perseguible”, agregó.

Oliva también criticó al comisionado nacional de Policía, Napoleón Nassar, quien comandó el operativo, y a quien, recordó, en la década de los años 80 se le involucró en la desaparición forzada de personas.

Oliva se encontraba hoy en Santa Rosa de Copán investigando en el sitio de los acontecimientos lo sucedido y recabando testimonios de los afectados, para sustentar su denuncia nacional e internacional.

En una declaración a la prensa, anunció que solicitarán protección para miembros de la Alianza Cívica que participaron en la protesta y resultaron afectados.

También pidió al presidente Manuel Zelaya que “intervenga en este acto y desactive cualquier actuación en contra de los miembros de la Alianza Cívica y de las familias que han sido afectadas”

“COFADEH y la Alianza Cívica somos del criterio que no es con las balas, la brutalidad como se va a resolver el problema, creo que fue un acto soberano y legítimo lo que hizo este pueblo para demostrar que estaban inconformes con la ley de minería, no es delito hacer este acto”, apuntó.